Las madres de la villa 15, Ciudad Oculta, respiraron aliviadas. Cuatro años después de empezar a reunirse entre ellas en voz muy baja para no levantar recelo, lograron que, al menos, la cabeza visible de la banda de narcos que tenía a maltraer a sus hijos mudara su condición de detenido con preventiva, a condenado a 8 años, y dos de sus cómplices cumplieran condena con una probation. El fallo del tribunal federal 6 podrá considerarse como parte de una gesta de esas 70 madres que contra viento, marea y comisarios de la 48ª, lograron modificar el horizonte de sus hijos como carne para la trituradora del paco.

A fines del 2003, en Ciudad Oculta el paco ya hacía estragos. Las madres relataban que sus hijos robaban objetos de sus propias casas para venderlos y comprar paco. “Documentos de identidad, zapatillas, radios. Robaban todo lo que encontraban a su alcance”, dijo una de ellas. “Los veíamos tumbarse en el piso con convulsiones”, dijo otra. “Una vez seguimos a un chiquito de 6 (años) y vimos que entraba con una bicicleta a la casa del narco. La vendió para comprar paco”, aseguró una tercera.

Al principio, las madres, unas 70, se reunían entre ellas. Después, a la vista del deterioro de sus hijos, empezaron a pedir auxilio en la seccional de la zona, la 48ª. No demoraron mucho en entender que en la seccional se jugaban intereses cruzados a los suyos. Entonces armaron escraches frente a las casas de los narcos, cortaron avenidas. Y empezaron a acercarse a la red barrial de Lugano.

“Allí empezaron a tomar contacto con nosotros –dijo a Página/12 María Elena Naddeo, titular del Consejo porteño de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes–. Las madres estaban muy asustadas, pero querían seguir adelante. Se presentó una nota al Ministerio de Justicia. Y después abrimos una denuncia ante la Justicia en que el Consejo se presentó como querellante y cinco madres aparecieron en la causa con identidad reservada para protegerlas, asesoradas por el equipo de abogados del Consejo.”

El caso recayó en la fiscalía federal 11, de Guillermo Montenegro y Paulo Starc, y en el juzgado 2 de Jorge Ballestero. Como la 48ª tenía sus hombres inmiscuidos en la causa del otro lado del mostrador, la Justicia requirió las funciones de Gendarmería. Una unidad especial se dedicó durante un año a hacer seguimientos, fotos, escuchas. Y el 10 de febrero de 2005 cayeron los gendarmes con orden de allanamiento en tres direcciones. Detuvieron al líder de la banda, Isidro Ramón Ibarra Ramírez, a su hijo y a otros dos integrantes de la banda, Miguel Lemos y Miguel Angel Ibarra Alves. La causa, finalmente, fue elevada a juicio sin siquiera imputar a ninguno de los uniformados de la brigada de la 48ª.

El año pasado, finalmente, se produjeron los primeros resultados. Lemos e Ibarra Alves, a quienes se les había encontrado pequeñas cantidades de drogas que no alcanzaban para otra cosa que imputarlos por tenencia, fueron condenados a 3 años en suspenso y a cumplir una probation. El hijo de Ibarra Ramírez, por entonces de 16 años, fue absuelto a pedido de la querella. “Lo consideramos víctima de su propio padre y pedimos que fuera apartado de la causa”, señaló Naddeo.

Isidro, como conocen al narco en el barrio, fue condenado en 2006 a tres años en suspenso por la tenencia de armas de guerra, después de que el tribunal federal se declarara incompetente y tomara el caso la Justicia ordinaria. Ayer, el Tribunal Federal 6 absolvió a Isidro por el acopio de municiones, y lo condenó a 6 años y medio por la comercialización de drogas agravada por el perjuicio ocasionado a los adolescentes. Con la condena en suspenso del año pasado, finalmente a Isidro le computaron 8 años de condena.

Entretanto, la querella pidió que se avanzara sobre los cuatro policías sumariados de la 48ª. Se trata del Manzanita Fernández, el Turco Elías, el Manijita Agüero, y el jefe de calle, el contradictorio Osvaldo Legal. Los jueces escucharon y ordenaron investigar.