Por segunda vez, la Corte Suprema de la Nación se dirigió al Estado nacional en relación con la horrorosa situación de los presos en la cárcel de Mendoza. La primera ocasión tuvo lugar el 6 de septiembre cuando, por primera vez, la Corte requirió informes al Ejecutivo nacional sobre las medidas que se tomaban para detener la degradación de la vida de los presos en el penal mendocino, según había ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ayer, en términos mucho más duros, la Corte Suprema intimó al Gobierno a que en un plazo de 20 días pusiera fin drásticamente a la grave situación de los presos del penal mendocino y que cada 20 días informe sobre los avances en la cuestión.

En su resolución, la Corte recordó que la CIDH había requerido al Estado “que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad física en el penal, en forma inmediata y de manera eficaz, de modo que no produzca una muerte más”. Las muertes y la degradación siguieron ocurriendo. La Corte mencionó “la reiteración de las graves situaciones que se denuncian y que no logran ser modificadas” y agregó que “le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que éstos sean vulnerados”. Y decidió “intimar al Estado nacional a que en el plazo de veinte días adopte las medidas que pongan fin a la situación que se vive en las unidades carcelarias de la provincia de Mendoza”; instruyó a la Corte y tribunales provinciales a que “con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante”, y dispuso que “cada veinte días el Poder Ejecutivo nacional informe al Tribunal las medidas que adopte para mejorar la situación de los detenidos”. La resolución fue enviada al Ministerio de Justicia nacional y al gobernador de Mendoza, Julio Cobos.