SOCIEDAD › EL GOBIERNO MENDOCINO RESPONDE A LA CORTE PROVINCIAL
El gobierno de Mendoza enviará hoy un informe sobre la situación actual del sistema penitenciario provincial a la Suprema Corte mendocina, como respuesta al requerimiento de la Corte, que había citado al gobernador Julio Cobos a una audiencia informativa. La citación se realizó como resultado de la intervención de la Corte Suprema de la Nación en el caso de la Penitenciaría de Mendoza, por cuyo estado deplorable, deterioro, maltrato de presos y una cantidad de homicidios preocupante provocó que el Estado argentino se encuentre en el banquillo de los acusados frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La semana pasada, la Corte Suprema nacional había intimado el Gobierno argentino a que cada 15 días entregara un informe sobre la marcha de las acciones tendientes a revertir el grave deterioro de la vida y la salud de los presos alojados en los penales mendocinos, en especial, La Penitenciaría. El Estado argentino y no el mendocino es el que paga los platos rotos a nivel provincial porque ante organismos internacionales como son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos la representación es a través de estados soberanos y no de provincias o estados internos. En ese aspecto, es el Estado argentino el que debe formalizar caminos para modificar o instar a modificar la situación, para el caso en la cárcel de Mendoza, que lleva más de 40 presos muertos desde que los abogados Diego Lavado, Alfredo Guevara y Pablo Salinas presentaron las denuncias ante la CIDH.
Pero la Corte nacional, además de la intimación al Estado, trasladó su orden a la Corte provincial, que decidió citar a informes al gobernador. En la gobernación se reaccionó con enojo. “Ostensible exceso en el ejercicio de las atribuciones”, dijeron los voceros en relación con la Corte provincial. Sergio Marinelli, ministro de Gobierno, dijo que la citación era de una “incoherencia total y absoluta” porque la misma Corte provincial es “integrante de la Comisión de Seguimiento” de las obras de refacción y otras mejoras reclamadas por CIDH, que recién se iniciaron cinco años después.
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