En la provincia de Buenos Aires quedó abierto un conflicto en torno del funcionamiento del Banco de Datos sobre Torturas, a partir del planteo de un juez federal y organismos de derechos humanos que denunciaron ante el gobernador Felipe Solá la “absoluta paralización” de un instrumento que permitió, desde marzo de 2000, certificar 1236 casos de apremios ilegales ocurridos en comisarías y cárceles. El juez federal Lepoldo Schiffrin aseguró a Página/12 que la Procuración provincial “derogó de un plumazo” las normas que “garantizaban el funcionamiento” del banco de datos, al quitarle esa responsabilidad al defensor de Casación Mario Coriolano. En cambio, el procurador Eduardo de la Cruz afirmó que es “una falsedad” que el funcionamiento del banco esté en peligro y que lo único que se hizo fue “reorganizar el sistema de defensorías (que encabeza Coriolano) porque no ha cumplido satisfactoriamente con su tarea”. Solá sostuvo que es “muy importante” seguir reuniendo la información, pero tendrá la difícil tarea de mediar entre enemigos irreconciliables: De la Cruz y Coriolano.
Las medidas dispuestas por el procurador volvieron a delegar en los fiscales y secretarios la responsabilidad de reunir las denuncias entre los detenidos. Schiffrin cuestionó la decisión y fue acompañado por la Comisión Provincial por la Memoria, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Judicial Bonaerense. Según Schiffrin, la resolución que margina a los defensores “constituye un deterioro en la autonomía” del grupo que reunía los datos. El juez aseguró que se instruyó a los secretarios para que “dejen de visitar las cárceles y de sacarle fotos a las víctimas”.
Schiffrin y los representantes de los organismos se reunieron ayer con el gobernador Solá y con el secretario de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, ante quienes expresaron su disconformidad y solicitaron que se ponga en práctica un proyecto del año 1999 que fue impulsado “por el propio procurador”. Según el juez, esa iniciativa se contradice con las medidas dispuestas ahora por el procurador, quien “ha desmantelado la oficina del defensor de Casación dejándola sin empleados y sin la posibilidad de romper el cerco policial en torno de las denuncias sobre torturas”.
“Es una falsedad, algo que se ha lanzado al ruedo para tapar otro punto, que es la disconformidad de la Procuración con cómo se lleva adelante la superintendencia de defensa”, aseguró por su parte De la Cruz. “De ninguna manera se tomó alguna medida para suspender o paralizar nada”, insistió el procurador, quien consideró que se trata de “un intento del defensor (por Coriolano) de tapar lo que en realidad es nuestra disconformidad porque no está bien atendido el servicio de defensa, en especial de pobres y ausentes”. Fuentes de la Procuración dijeron que mañana, a las 10, De la Cruz recibirá a los organismos y a Schiffrin para discutir el problema.
Coriolano, acompañado por otros defensores, presentó un recurso de amparo ante la Suprema Corte provincial, oponiéndose a las resoluciones del procurador. Felipe Solá dijo que para el gobierno “es muy importante” que siga funcionando el banco de datos y que la Legislatura estudie “la posibilidad de equiparar a los defensores con los fiscales, tal como establece el sistema nacional”. Víctor Abramovich, del CELS, opinó que es “una situación de absoluta anormalidad institucional que el defensor de Casación dependa funcionalmente del procurador”.