Un fallo de segunda instancia confirmó la condena a tres policías que violaron a una adolescente en una comisaría céntrica de Rosario, en el invierno de 2002. Esta sentencia refuerza un cambio de paradigma respecto de las violaciones, ya que si bien los investigadores no pudieron acceder a pruebas directas del delito, tomaron como válido el contundente relato de la víctima, comprobable a través de circunstancias de las que sí había pruebas. La ratificación de la Justicia alcanza un valor fundacional desde el punto de vista jurídico, pero deja un sabor amargo, porque llegó tarde: Erica Córdoba, la joven violada, se suicidó en octubre de 2005, con apenas 18 años, después de tres intentos de quitarse la vida. El infierno que vivió durante y después de la agresión nunca fue atendido debidamente por el mismo Estado cuyos funcionarios la violentaron.

Después de sufrir la agresión y callar durante dos meses por temor a las represalias, Erica padeció un cuadro de estrés postraumático de tal magnitud que las propias psicólogas que actuaron en la causa alertaron sobre la necesidad de procurarle un tratamiento. Pero no recibió contención alguna.

Erica fue detenida de manera irregular junto a un joven con el que había ido a bailar al centro rosarino en la madrugada del 26 de julio de 2002. Según algunos testigos, el chico acababa de cometer un robo. El ingreso de los menores no fue notificado en el libro de guardia de la seccional 1ª, y los policías obligaron a la niña a llamar dos veces a la mamá de su amigo para solicitarle dinero a cambio de la libertad de ambos. La empresa telefónica confirmó la existencia de las llamadas, como también de que una de ellas se realizó desde una cabina pública y la segunda desde la comisaría. La descripción que la adolescente realizó de la habitación donde la violaron fue minuciosa, al punto de que detalló que la puerta no se cerraba bien, y para hacerlo le ponían un ladrillo. Luego de la denuncia policial curiosamente se hicieron cambios en esa pieza. Pero su relato era tan detallado que no dejó dudas a los jueces: era un sector de la comisaría al que el público no accedía. También la descripción de los agresores fue muy detallada.

Esa madrugada, después de violarla, los policías la amenazaron para que callara. Le dijeron que sabían dónde vivía. Durante dos meses, ella guardó silencio, y cambió su carácter. El 5 de septiembre se cruzó con dos de sus agresores. Los hombres se burlaron de ella y le gritaron “fiestera”. Fue demasiado. Cuando llegó a su casa, no pudo contener el llanto. Fue tal la insistencia de Mónica, su mamá, que terminó contándole todo. Para su madre fue un golpe tremendo. Siempre les había dicho a sus hijas que ante cualquier problema, recurrieran a la policía. Fue Mónica quien decidió hacer la denuncia, en la comisaría del barrio. Desde allí la derivaron a la Comisaría de la Mujer. Y tomó intervención el juez de instrucción Eduardo Suárez Romero, un comisario retirado. Durante los primeros 20 días, nada se hizo en ese juzgado ni en Asuntos Internos de la policía.

Todo cambió a partir de una nota en un diario local. El entonces ministro de Gobierno Esteban Borgonovo dijo haberse enterado por el diario y decidió la separación de todo el personal de la seccional. La causa cambió de juez, a manos de Adolfo Prunotto Laborde, y comenzó la investigación.

La actuación del resto de los policías que estaba esa noche en la comisaría es objeto de controversia. En ese sentido, la sentencia también absuelve a Gabriela Scaravilli, una agente que estaba de guardia esa madrugada, pero se retiró antes de la agresión. El juez de sentencia Antonio Ramos la condenó a dos años y tres meses de prisión de cumplimiento condicional por no haber registrado el ingreso de la adolescente en el libro de guardia de la comisaría céntrica. Pero los camaristas subrayaron que la agente estaba “ubicada en el último rango jerárquico de la dotación presente en la seccional”, en tanto se acredita que “al momento de perpetrarse la violación se había retirado del edificio, según lo puntualiza la denuncia”. La abogada que patrocinó a la víctima, Ana Oberlin, consideró errónea esa conclusión y adelantó que harán una presentación administrativa en su contra. “Está claro que actuó como entregadora. Era su obligación quedarse en el lugar, pero se fue, aun después de ver a Erica llorando luego del primer intento de violación”, dijo la abogada. Además de accionar contra esta agente, la representante de Erica planea iniciar un planteo contra el primer juez de la causa, Suárez Romero, quien tuvo paralizada la investigación por 20 días. “En ese tiempo se produjeron cambios en el cuarto donde violaron a Erica. Su participación era clave para generar impunidad”, consideró.