No hay país de este continente que Emilio García Méndez no haya pisado en los últimos diez años como consultor para América latina y el Caribe de Unicef. No hay legislación sobre menores que desconozca. Y no hay sitio más atrasado en esa materia para el especialista que la Argentina, su propio país. “Creo que en la provincia de Buenos Aires, más del 60 por ciento de los menores presos no debería estarlo, porque se utiliza para encerrarlos un sistema penal encubierto como una forma reforzada de política social”, le dice a Página/12 en una casa de Palermo donde los libros de derecho y criminología en todos los idiomas llenan las paredes hasta de los pasillos. Profesor de criminología en la UBA, consultor de la organización internacional para Argentina, Chile y Uruguay, García Méndez es un crítico feroz del actual sistema por el cual se criminaliza a los jóvenes pobres en el país, pero también de los sectores más “progres” y más reaccionarios que se oponen a la existencia de una justicia penal de menores. “Tenemos una ley vergonzosa que le permite al juez juzgar a los menores de 16, no por lo que hacen sino por lo que son, y que le ha permitido a la sociedad quedarse tranquila, porque alguien se ha dedicado a hacer el trabajo sucio de siempre, barrer la basura social”, dice.
–¿Quiénes son los que creen que no debe crearse una ley penal juvenil?
–Aquí la sociedad se divide en lo que yo llamo los paternalistas ingenuos que hacen un vínculo automático entre pobreza y criminalidad y que dicen “como es pobre no puede asumir responsabilidades”; y los retribucionistas hipócritas que también hacen un vínculo automático y que dicen “como es pobre no hay que esperar a que cometa ningún delito, hay que sancionar su peligrosidad antes de que vayan a cometerlo”. Yo pensé durante un tiempo que estos eran dos bandos reales, ahora me doy cuenta de que son los mismos, que de mañana son retribucionistas hipócritas y de tarde se van poniendo paternalistas ingenuos.
–¿Qué habrán pensado estos dos sectores ante la toma de rehenes donde se hizo famoso “Miguelito”?
–Algunos pudieron pensar que esto es un buen ejemplo para bajar la edad de la imputabilidad e imponer penas desproporcionadas, y más porque a estos sectores no les alcanza: quieren hacer desaparecer lisa y llanamente la garantía. Los otros dirían “aquí está, este es el resultante de la pobreza y la exclusión”. Cosa que es cierta, pero hay que quebrar este circulo de la irresponsabilidad que implica esto. Unos hubieran pensado que esos adolescentes eran demonios. Los otros que eran ángeles. Por el contrario, el mensaje del “sistema de responsabilidad penal juvenil” es “basta de ver a los adolescentes como ángeles o demonios, veámoslos como sujetos de derecho, para lo cual deben asumir responsabilidades”.
–¿Cuál es la diferencia entre la baja de la edad de imputabilidad y el sistema penal juvenil?
–La baja de la edad de imputabilidad consiste lisa y llanamente en hacer funcionar el sistema penal de adultos para los menores de 16. Porque a pesar de que hay una ley que considera que los de entre 16 y 18 deben ser juzgados con un criterio más leve, hay imputabilidad plena para los chicos mayores de 16 y contra todas las convenciones internacionales, la Corte avaló una cadena perpetua para un chico de esa edad. El sistema de responsabilidad penal juvenil es establecer una franja especial de responsabilidad –el consenso es entre los 14 y los 18– donde se utiliza la prisión limitada, como último recurso. El proyecto del ARI plantea tres años como máximo para los chicos de entre 14 y 15, y cinco años para los de entre 15 y 17. Hay uno del Gobierno que establece un máximo de 7 años para la franja de 14 a 15 y 9 para la franja 15 a 17. Pero comparemos cuántos están adentro y cuántos deberían estar adentro. Creo que en la provincia un número mayor del 60 por ciento de los menores presos, no deberían estarlo, porque se usa un sistema penal encubierto como forma reforzada de política social ausente.
–Hay proyectos que proponen llevar la edad de imputabilidad a los 12.
–Hay algunos proyectos que me causan indignación, otros me causan vergüenza. Los medios deberían reflexionar sobre el ridículo que significa acompañar un mamarracho de tamaña naturaleza.
–Otro de los inconvenientes es que casi no hay datos sobre los menores.
–En la Argentina falta la más elemental información cualitativa. No sabemos cuántos menores de edad hay privados de su libertad en la ciudad de Buenos Aires. El único informe del Consejo Nacional que obtuvimos es el de entre enero y marzo del 2000 cuando eran 525 en la ciudad. Mi idea es que si se les aplicaba a esos 525 el terrible Código Penal un 75 o 80 por ciento iba a salir en libertad, porque estaban presos o por venganza social o por una forma vedada de política social.
–¿Por qué es tan fácil para la opinión pública demonizar a estos adolescentes?
–Tenemos una ley vergonzosa que le permite al juez juzgar a los menores, no por lo que hacen sino por lo que son, y que le ha permitido a la sociedad quedarse tranquila, porque alguien se ha dedicado a hacer el trabajo sucio de siempre, barrer la basura social.
–¿La situación de la Argentina es como la del resto del continente?
–Me ha tocado trabajar durante años en todos los procesos de reforma legislativa de América latina y el Caribe. Y diría que la situación de la Argentina es un caso excepcionalmente grave. La ley de patronato, flagrantemente inconstitucional, es la fuente de las decisiones judiciales y la más vieja en todo el continente. Desde el día que se hizo fue una ley profundamente criminalizadora de la pobreza. Cuando se aprobó la ley de residencia, algunos años después, los hijos de los extranjeros indeseables ya eran argentinos y no se los podía expulsar. Entonces la ley de patronato implicó que, ya que como ya no se los podría expulsar a otro país, se los podría expulsar a la internación.
–Pero la criminalización no es algo excluyente de la Argentina.
–Lo que yo advierto que distingue a la sociedad argentina de otras es el rechazo masivo a la responsabilidad. Es decir que en ningún país existe este rechazo que además está “democráticamente” dividido entre sectores que se perciben como progresistas y otros que se definen como reaccionarios. Esta sociedad de tolerante tiene muy poco. Es más fácil interpelar al otro como enemigo, que interpelarlo como sujeto responsable.
–¿Cuál es el riesgo del cambio?
–Aunque es muy difícil empeorar lo existente, siempre es posible. Lacan decía “no es posible que sea posible que la solución empeore”. Hay que tener cuidado en qué contexto se decide. El péndulo va de un lado a otro, ya sea cuando los menores aparecen masivamente como victimarios, o puede dar una vuelta si mañana la policía asesina a tres jóvenes desarmados, como es absolutamente posible.