Garantizar los derechos a la educación y a la salud de 79 niños que viven con sus madres en cárceles bonaerenses es el eje de un recurso de amparo colectivo que la Comisión Provincial por la Memoria presentará el lunes a la Justicia. “El Estado provincial se limitó a permitir la convivencia entre madre e hijo, pero no se ocupó de garantizar los derechos básicos de los niños”, denunció el comité.

En realidad, los miembros de la comisión fueron, en estos meses, los receptores de las quejas y reclamos de las propias mujeres que, en septiembre del año pasado, se plegaron a la huelga de hambre realizada en los penales provinciales para reclamar mejores condiciones de vida para sus hijos, menores de cuatro años. El acceso a jardines maternales o al nivel inicial de educación extramuros para evitar la pérdida de escolaridad y contar con un atención primaria de la salud fueron los pedidos de las presidiarias incluidos en el amparo colectivo.

El texto también incorpora la necesidad de que se establezcan programas de coordinación con centros de salud próximos, para disponer de unidades de traslado adecuadas para los casos que lo requieran. En un comunicado de prensa, la comisión aseguró que “la omisión en la que incurre el Ministerio de Justicia bonaerense lesiona ilegalmente y de manera actual, el derecho a la salud, el derecho a la educación, al juego y las actividades recreativas, culturales y artísticas, el derecho a la protección de la familia y el derecho a un trato igualitario” de los niños.

En la actualidad, la mayor cantidad de niños se encuentra en el Complejo Penitenciario de la localidad de Los Hornos, en La Plata, donde viven unos 68 chicos. El resto está alojado en los penales provinciales de Bahía Blanca, San Nicolás, Mercedes y Batán.