Más de trescientas agencias de seguridad ya iniciaron el trámite ante el registro obligatorio establecido por el Gobierno de la Ciudad para regular la actividad. La ley 118 especifica que los socios y empleados no pueden tener antecedentes penales o de violación a los derechos humanos, ni ser miembros activos o exonerados de las Fuerzas Armadas, entre otros requisitos. La norma –que prevé profesionalizar a los vigiladores– establece que la habilitación será renovada anualmente. Y agosto es el último mes del plazo planteado para que las empresas que ya estaban reconocidas en el viejo régimen acerquen la documentación correspondiente para estar a tono con la nueva regla.
La ley había sido sancionada en diciembre de 1998 y reglamentada en agosto del 2001. Una cláusula transitoria fijó en un año el límite para que las compañías de seguridad ya registradas regularizaran su situación. “Hay 300 tramitaciones en marcha y calculo que debe haber cerca de 400 o 450 empresas que se dedican a este rubro”, cuenta Osvaldo Rizzo, director general de Servicios de Seguridad Privada. Y agrega que la norma “es mucho más exigente que la anterior, porque primero se habilita a la persona jurídica y luego se solicita el alta del personal”.
“Con este registro estamos ejerciendo plenamente el poder de control que le corresponde a la Ciudad –explica el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra–. Es una obligación y un compromiso que llevamos adelante para aumentar la eficiencia y la calidad del servicio con transparencia, para seguridad de todos los vecinos”, considera. Se cree que entre 40 mil y 50 mil hombres forman parte de la seguridad privada, y todos ellos deberán presentar certificados de reincidencia criminal y pasar por los exámenes psicofísicos que se harán cada año.
Las agencias no podrán utilizar armas personales sino las registradas como de uso colectivo, y no les estará permitido ejercer tareas de investigación, ni obstaculizar el ejercicio de derechos políticos y gremiales, ni tampoco revelar a terceros la información sobre sus clientes.
Rizzo deja en claro que “el Gobierno ha dado la expresa directiva de que ningún ex represor podrá formar parte, bajo ningún concepto, de una empresa de seguridad, y en cuanto lo detectemos, queda afuera”.