Mañana empezará el primero de los juicios orales y públicos por la masacre de Villa Ramallo. En Rosario, comparecerán ante los magistrados el único asaltante que sobrevivió y otros ocho acusados de intervenir en la preparación del asalto, incluidos dos policías: uno de éstos por entregar a los delincuentes, antes del asalto, un arma y un handy; el otro, por retirar el handy después de la muerte de los rehenes, a fin de encubrir la conexión policial. Este juicio podría echar luz sobre la oscura trama de vínculos delictivo-policiales en la que se habría enmarcado la masacre en sí misma. Por esta última, en la cual dos rehenes y un asaltante cayeron bajo las balas policiales, están detenidos tres suboficiales de la Policía Bonaerense y excarcelados otros cuatro: todos ellos serán juzgados en causa separada.
El 16 de setiembre de 1999, tres asaltantes entraron en la sucursal del Nación en Villa Ramallo para robar casi medio millón de dólares del Tesoro. Tomaron seis rehenes y luego liberaron a tres: quedaban el gerente, Carlos Chaves; su esposa, Flora Lacave; y el contador Carlos Santillán. Cerca de las 4 de la mañana del 17, los asaltantes intentaron fugar con sus prisioneros en el auto de Chaves, pero la policía acribilló el coche a balazos. Murieron Chaves, Santillán y el asaltante Javier Hernández. Otro de los asaltantes, Tito Saldaña, fue capturado ileso pero pocas horas después apareció ahorcado en la comisaría de Villa Ramallo.
Uno de los policías intervinientes en la represión, el cabo primero Alberto Castillo, fue fotografiado por Página/12 portando un bolso similar al que habían usado los delincuentes para guardar armas y un handy, que no apareció. La Justicia incorporó la foto como prueba. La investigación –a cargo del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo– condujo también a allanar la vivienda del cabo Aldo Cabral –del Comando Radioléctrico de San Nicolás–, donde se encontró un plano del banco.
La complejidad de los hechos condujo a ordenarlos en tres causas judiciales: una investiga el asalto; otra, la responsabilidad policial en la muerte de los rehenes; otra, el ocultamiento de pruebas. Sólo la primera se ventilará desde mañana en el Tribunal Oral Federal Nº 1, de Rosario (del cual depende el juzgado de San Nicolás), integrado por los magistrados Santiago Harte, Omar Paolucci y Laura Inés Cosidoy.
Principal acusado es Carlos Sebastián Martínez, de 22 años, único asaltante que sobrevivió: se lo responsabiliza por las tres muertes en que derivó el robo y por la toma de rehenes. Norberto Fabricio Céspedes está acusado de participar en la organización del asalto. Mónica Saldaña, de 28, hermana de Tito, está acusada por apoyo al asalto, al igual que su pareja Raúl Mendoza, de 40. También habrían participado en la preparación Alberto Aguirre, Jorge Aguilar (voluntario del Ejército, habría proporcionado explosivos), Angélica Vilchez, de 48, y la remisera Silvia Vega, de 44 años, que habría aportado su auto. Las dos últimas fueron excarceladas porque no se les probó asociación ilícita.
Los policías que irán a juicio son Cabral, acusado de entregarle a Tito Saldaña un handy modulado con frecuencia policial (fue además quien lo custodió hasta la comisaría donde aparecería ahorcado), y Castillo, acusado de retirar el handy del auto acribillado para esconder la conexión policial.
Todavía no fue elevada a juicio oral la causa por el hecho que definió como “masacre” a la de Ramallo: la muerte de los rehenes. Involucra al suboficial Oscar Parodi –del comando de patrullas de San Nicolás– y al sargento Ramón Leiva –del posteriormente disuelto GEO, Grupo Especial de Operaciones de la Bonaerense–, detenidos por homicidio simple: balas de sus armas mataron a Chaves y Santillán. El cabo Carlos Aravena, del GEO, será juzgado por tentativa de homicidio: una de sus balas le pegó a Santillán. De otros cuatro policías, excarcelados, se determinó que dispararon pero no que hubieran dado en el blanco. También sigue en etapa de instrucción la causa que investiga a los policías Alfredo Biardo, ex jefe de la Departamental, y Omar Isaías, a cargo del muy cuestionado operativo de recolección de pruebas.