A empresarios como Alberto Samid (precandidato a intendente de La Matanza), que contaminan la cuenca del Riachuelo, “primero les hacemos una visita; procuramos dialogar para que se incorporen al programa de reconversión industrial; cuando vemos que no tienen ninguna voluntad de cambiar, entonces clausuramos”, contó Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación. Se ve que Samid no tuvo ninguna voluntad, porque el viernes le clausuraron dos de sus frigoríficos, en Cañuelas, por emisión de amoníaco altamente tóxico a la atmósfera. Ayer mismo, el empresario recuperó la voluntad e inscribió sus seis frigoríficos en el programa que procura sanear la cuenca. El mismo viernes fueron clausuradas otras tres empresas, en el barrio porteño de Pompeya, por mandar efluentes tóxicos al curso de agua. Se trata de clausuras temporarias, que se levantan cuando las empresas interrumpen las acciones más nocivas y empiezan el proceso de reconvertir sus instalaciones. Pero a menudo “los empresarios se resisten a que entremos” y “el trabajo se pone muy violento”, reconoció Picolotti.

“Era una situación de riesgo altísima: en los sistemas refrigerantes de los dos frigoríficos había pérdidas de amoníaco, sustancia que, por lo demás, ya desde hace muchos años no se usa en los equipos de refrigeración; es muy tóxico, provoca el cierre de la glotis y dificultad para respirar, afecta los ojos, hasta puede causar la muerte; había operarios que trabajaban toda la jornada bajo esa exposición, que además contaminaba el aire y había sido denunciada por los vecinos”, explicó Picolotti a Página/12, al referirse a Frigocañuelas y Frigorífico Liwin, en el partido bonaerense de Cañuelas; ambos establecimientos pertenecen al conocido empresario Alberto Samid, cuya más reciente actividad pública viene consistiendo en candidatearse para el cargo de intendente del partido de La Matanza. “La inversión para arreglar las pérdidas y cambiar a otra sustancia refrigerante no supera los 30.000 dólares, en empresas que manejan cientos de miles por mes”, comentó la funcionaria.

Además fueron clausurados los locales de Servitam, en Pedro Baliña 3969, de Pompeya; Transporte Sauer, en el 3945 de la misma calle; y José Domingo Corigliano, en Matanza 3147, de ese mismo barrio. La primera se dedica a la restauración de tanques de chapa de 200 litros: “Al lavar los tanques, tiraban los químicos directamente al Riachuelo”, señaló la secretaria de Ambiente. Sauer trabaja en el transporte de sustancias químicas y Corigliano fabrica envases de plástico; en ambas, había “depósitos no controlados de residuos peligrosos”, según la información oficial. “Los residuos acumulados llegan a contaminar las napas”, explicó Picolotti, y precisó que “los vecinos venían haciendo denuncias desde 1997”.

Según la secretaria de Ambiente, “desde febrero hemos hecho centenares de clausuras y aplicado multas por un total de un millón de pesos. No se trata de clausuras definitivas –subrayó–, sino preventivas y temporarias. Primero hacemos una visita a la empresa en la que se detectaron irregularidades; procuramos dialogar, para que se incorpore al programa de reconversión industrial; cuando no encontramos ninguna voluntad de cambio, efectuamos la clausura”.

Se trata “de un trabajo que hay que hacer todos los días y a veces se pone muy violento: los empresarios se resisten a que entremos a controlar. Pero la Autoridad de Cuenca –que preside la Secretaría de Ambiente– tiene todas las facultades para hacerlo; vamos con la policía y, si es necesario, con fiscales federales”, contó Picolotti.

“No se trata de que se cambien hechos puntuales, sino de que cada empresa tenga un programa de gestión ambiental, lo cual incluye el tratamiento de efluentes, mejores condiciones de seguridad para los empleados, mayor eficiencia en el uso del agua y la energía. Las empresas que se incorporan al programa de reconversión reciben créditos subsidiados, al 50 por ciento de la tasa del mercado, o subsidios directos del Estado”, precisó Picolotti.