Para que no se repita la historia de Ana María, la joven de Santa Fe a la que se negó el aborto terapéutico y murió hace pocos días, al igual que la vida del feto que intentaban resguardar los médicos, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) enviará hoy al Congreso nacional y a los ministerios de Salud de todo el país un documento para recomendar la aplicación de un protocolo para la atención sanitaria de casos de aborto no punible, contemplados en el artículo 86 del Código Penal, y la puesta en marcha del protocolo de atención sanitaria post aborto elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación.

La recomendación del Inadi tiene dos destinatarios: las carteras de Salud de las provincias y los poderes legislativos tanto provinciales como el nacional, que no reglamentaron los procedimientos para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto, haciendo uso de las excepciones amparadas por la ley. También está dirigida a los profesionales de salud y directivos de hospitales públicos que reclaman una orden judicial para autorizar la práctica. “Los médicos deben saber que a la hora de dilatar o judicializar un pedido de aborto están violando sus responsabilidad civil y penal y el Estado no está garantizando los derechos de las mujeres que sufren discriminación, en especial las de sectores pobres que no tienen recursos para realizarse un aborto seguro”, sostuvo María José Lubertino, titular del organismo.

La intervención de la Justicia en los últimos casos de pedidos de aborto fue lo que motivó esta recomendación que “busca garantizar el derecho de las mujeres a decidir” y, a su vez, “evitar la judicialización de los procesos”, lo que dilata los tiempos del aborto, poniendo en riesgo la vida de la mujer o haciendo impracticable la intervención. La historia más reciente de Ana María Acebedo, la joven de Santa Fe a la que los médicos del Hospital Iturraspe le negaron un aborto terapéutico, como la batalla protagonizada por las madres de las jóvenes con discapacidad que cargaban con embarazos producto de abusos sexuales, son los casos testigo utilizados por el Inadi para alertar sobre la necesidad de legislar o reglamentar al respecto. “Cuando se está ante una seguidilla de casos que perjudican la vida de las mujeres, hay una situación de discriminación por omisión en términos de que el Estado no garantiza el acceso a la prestación de la salud”, advirtió Lubertino.

Para alertar sobre las consecuencias de la falta de reglas claras que permitan “resguardar a los médicos de eventuales acciones judiciales contra ellos”, el informe incluye números que señalan que “la causal de aborto sigue siendo el principal motivo de mortalidad materna”. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de mortalidad de mujeres es de 3,9 cada 10 mil nacidos vivos y en 2005 se contabilizaron un total de 79 muertes maternas por embarazos terminados en aborto. Los índices más altos se registraron en las regiones del noreste y noroeste del país, donde son más elevados los porcentajes de pobreza.

La polémica en torno de los alcances del inciso 2 del artículo 186 está presente en la recomendación. El informe establece que ese punto contempla el derecho al aborto para todas las mujeres, sin distinción de condición. “En primer lugar, es absolutamente discriminatorio y estigmatizante diferenciar entre personas con o sin discapacidad. Lo que en el siglo XXI puede ser declarado rápidamente inconstitucional. En segundo lugar, el tema de la violación es cubierta por el inciso 1 si se toma como base la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que habla de la salud física y psíquica de la persona”, explicó Lubertino. El mismo avance incluyen los proyectos de ley para reglamentar los abortos no punibles que están siendo debatidos en la Cámara de Diputados de la Nación.

La segunda recomendación del documento es la aplicación del protocolo de atención post aborto elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y la adhesión al mismo por parte de todos los ministerios y secretarías de la Salud. Esta iniciativa, lanzada en 2005, buscaba disminuir las muertes por abortos clandestinos y brindarles a las mujeres un trato “humanizado” desprovisto de prejuicios. Se trata de un manual que establece y detalla los procedimientos médicos a seguir según los estadios del aborto de la paciente y cómo se debe actuar en emergencia. Pese a que en la Argentina se realizan 80 mil internaciones post aborto en hospitales públicos y que más de 100 de esas mujeres mueren, este proyecto nunca fue implementado en el país. Este informe será difundido hoy, a las 12, en el marco de una conferencia de prensa que se realizará en la oficinas del Inadi, ubicado en 25 de Mayo 145, 2º piso, de la ciudad de Buenos Aires.

Informe: Elisabet Contrera.