Una jueza le dio un plazo de tres días al Estado nacional para que diera asistencia alimentaria y sanitaria a 113 personas, en su mayoría mujeres y niños, que viven en situación de emergencia social. La medida establece la incorporación de las familias al Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y la asistencia con medicamentos y alimentos a sus hijos. Los damnificados iniciaron la demanda luego de que los municipios donde viven les negaran la posibilidad de percibir el plan argumentando que no cumplían con los requisitos.

La jueza Victoria Tognola, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 6, falló a favor del amparo iniciado por cuatro mujeres y al que luego se sumaron otros damnificados. La demanda fue iniciada en total por 46 personas de diferentes localidades de la zona norte del conurbano bonaerense, ante la negativa del Estado de incluirlos como beneficiarios de este plan social. “Las familias reclamaban percibir un subsidio de 150 pesos por mes. Son personas indigentes provenientes de barrios de emergencia de San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y San Isidro”, aseguró Ignacio Posse Molina, abogada de las familias.

La medida, dispuesta el 11 de mayo, tiene doble alcance. Por un lado, la magistrada solicita al Ministerio de Trabajo la inclusión de 46 personas, en su mayoría mujeres, al Plan Jefes y Jefas “hasta tanto recaiga resolución definitiva sobre la cuestión de fondo”, es decir, quien tiene la razón en el conflicto: el Estado asegura que la inscripción al plan está cerrada desde mayo de 2002 y que los solicitantes no cumplen con los requisitos para acceder al beneficio, mientras que el abogado de las familias sostiene que se trata de una decisión arbitraria, ya que los planes se distribuyen a través de punteros.

Por otro lado, y a partir de una presentación de la defensora oficial Silvia Otero Rella, la jueza resolvió que se “provea de alimentos, nutritivos y nutrientes como así también de medicamentos, tratamientos y prestaciones que sean necesarias, de acuerdo con las necesidades de los menores”. Esta decisión beneficiará a unos 67 chicos, de los cuales 59 tienen menos de 10 años, y será canalizada a través de los ministerios de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

La fiscal federal Mariana Grinberg apoyó la ampliación de la medida cautelar atendiendo al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, con rango constitucional en el país. “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

“Es gravísima la situación sanitaria de esta gente. Viven en zonas muy precarias. Incluso uno de los demandantes, que tiene 35 años, es semianalfabeto y no tiene partida de nacimiento”, relató Cristina García, abogada del equipo de Otero Rella, para marcar el nivel de vulnerabilidad de los afectados. “Es absurdo, un disparate que el Estado se haya negado en su momento a brindar ayuda a estas familias que viven en una situación de emergencia total”, agregó.

Con anterioridad a este fallo, la Defensoría del Pueblo de la Nación, a cargo de Eduardo Mondino, reclamó al Estado asistencia para estas familias. La única ayuda que recibieron fue “colchones, chapas y bolsas de comida”, enumeró la letrada. Para ampliar los alcances de esta nueva medida, la Defensoría oficial solicitó la realización de un “informe socioambiental a efectos de evaluar la situación alimentaria y sanitaria de cada familia, debiendo presentarse en un plazo no mayor de 45 días un programa alimentario nutritivo o con nutrientes, como así también un plan sanitario”. La jueza todavía no se expidió sobre este punto.