El consejo de ministros de España aprobó ayer el proyecto para una nueva Ley de Adopción Internacional, que contiene una disposición adicional de especial importancia para los nietos de españoles nacidos en el exterior, que podrán gozar de la ciudadanía aunque no hayan nacido en el territorio peninsular. De este modo, la administración de José Luis Rodríguez Zapatero emprende una ambiciosa reforma del Código Civil que permitirá a centenares de miles de argentinos contar con un pasaporte europeo. La propuesta de ley será girada ahora al Poder Legislativo, que lo someterá a votación antes de que finalice la actual legislatura, en marzo de 2008. El gobierno pretende así saldar una deuda histórica con sus emigrados políticos y económicos, a la vez que fomenta una especie de “inmigración de cuello blanco” en un momento en que el fenómeno migratorio comienza a preocupar a la sociedad por la conflictividad que se presume puede llegar a generar en el futuro.

A diferencia de Italia, cuya legislación otorga estos beneficios hasta los bisnietos de sus conciudadanos emigrados, la nueva legislación española llegará sólo a los nietos, aunque el trámite burocrático para llevar adelante la solicitud será mucho más sencillo que el que rige para los italianos. Además, España tiene una gran cantidad de emigrados en América latina, sobre todo en Venezuela, Cuba, México y Argentina, que partieron a mitad del siglo pasado, muchos de ellos republicanos exiliados al finalizar la Guerra Civil, en 1939, y durante los primeros años de la dictadura franquista.

Según el Código Civil vigente, para optar por la nacionalidad española ahora se exige que el padre o madre de quien la solicite haya sido originariamente español y, además, que haya nacido en España. La nueva ley elimina el requisito de que los progenitores hayan nacido en territorio español, por lo cual se permite que estos beneficios lleguen incluso a los nietos de los emigrados. La legislación aprobada ayer por el gobierno de Zapatero eliminará también la disposición que otorgaba derecho a la ciudadanía sólo a los hijos de hombres españoles, al considerar que se trata de una normativa discriminatoria con las mujeres. Hijos y nietos de mujeres españolas podrán optar también a la ciudadanía aunque sus padres sean extranjeros.

A pesar de que la administración socialista no posee mayoría absoluta en el Parlamento, se supone que esta reforma contará con un amplio apoyo de grupos opositores, por lo cual es de presumir que la nueva legislación se haga realidad dentro de los próximos meses.

De esta forma, España trata no sólo de saldar lo que considera una deuda histórica con sus emigrados, ya sea por razones políticas o económicas, sino que también enfrenta el espinoso problema de la inmigración, que golpea con especial fuerza al país desde hace ya dos décadas. Actualmente viven en España 45 millones de personas de las cuales 4.480.000 son extranjeros, es decir poco más del diez por ciento. De ellos, 1,7 millón son ciudadanos comunitarios, muchos de ellos argentinos con nacionalidad italiana que han elegido el país para vivir por la comodidad del idioma entre otras razones, y el resto procede mayoritariamente de países latinoamericanos y africanos.

Según datos oficiales dados a conocer a inicios de esta semana, el número de españoles ha crecido durante el último año en 70 mil personas, mientras que los nuevos inmigrantes fueron 338 mil. Antes de que comenzara este fenómeno, España afrontaba el fantasma del crecimiento cero, o crecimiento negativo de su población, un proceso que está dando muchos dolores de cabeza a países de Europa, como Alemania e Italia. Los inmigrantes contribuyen de un modo creciente a la prosperidad económica que se vive en el país, que goza de un crecimiento de entre el 3,5 y el 4 por ciento anual de su PBI, por encima de la media europea, pero a la vez crean incertidumbre entre sus ciudadanos, que temen un aumento de la conflictividad social, sobre todo en las principales ciudades, donde la tendencia a la creación de ghettos extranjeros es cada vez más notoria. Con esta nueva ley se pretende fomentar una “inmigración de cuello blanco”, que provenga de países con una misma raíz cultural.