Si las estadísticas se cumplen, en los próximos dos días un interno de cualquier cárcel bonaerense será asesinado a puntazos, se suicidará, será suicidado, morirá de sida o de tuberculosis, los modos más comunes de llegar al fin del recorrido intramuros, porque si algo es seguro es que en la cárcel no se muere de viejo. La cifra –obtenida de estadísticas del Cels y datos del SPB– no es arbitraria, aunque sí lo son sus causas: 640 muertos en algo más de cuatro años llevan a ese resultado. Una lectura de la composición de esos números ofrece una perspectiva más reveladora: tomando como base el año 2005, de los 193 internos muertos en custodia del SPB, más de la mitad (104) lo fueron en forma violenta, a una tasa anual de 338,52. Ese mismo año, en la provincia de Buenos Aires pero fuera de los muros, la tasa fue de 6,4. O sea, un intramuros 5189 por ciento más violento que el exterior. Si en las calles “libres” de la provincia se ubicara a la fuerza a dos personas por metro cuadrado, es probable que en dos días sólo sobreviva una.

El fallo más reciente de la Suprema Corte bonaerense que reconoce al hacinamiento como desencadenante de la violencia y la degradación de la vida humana tuvo lugar en marzo de este año y fue publicado por Página/12. En él, la Corte provincial no sólo daba la razón al defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón –quien había presentado un hábeas corpus colectivo por las condiciones de hacinamiento de todos los presos del penal de San Nicolás–, sino que además reprendió severamente a los jueces por quedarse pegados al asiento en lugar de impartir justicia. Pero la Cámara de Apelaciones de San Nicolás, con el polémico juez Eduardo Alomar a la cabeza, cumplió la orden de un modo muy curioso: recorrió la unidad acompañada por las principales jerarquías de la U3 y redactó un informe que envió a Casación. En él, Alomar sostuvo que todo estaba bien, que los presos estaban conformes con la comida y que tenían una excelente relación con los carceleros.

Unos días antes, Ganón recorrió los pabellones 5 y 6. En su informe consta la situación deplorable en que se encuentran los detenidos, en pésimas condiciones de higiene, con las cloacas que rebasan casi todo el tiempo y un olor insoportable, las ventanas tapadas con mantas o maderas, las instalaciones eléctricas son cables de los que cuelgan la ropa lavada, no hay red de incendio y los matafuegos se encuentran a unos 70 metros y atravesando dos puertas con candados. “Los extinguidores están acá por precaución”, dijo un penitenciario sin explicar “precaución” para quién.

Tales los argumentos que llevaron a que Ganón presentara el 15 de diciembre de 2004 el hábeas corpus colectivo y tales los argumentos que explicita el SPB para decir que todo está bien.

Menos de un año después, el 15 de octubre de 2005, uno de los años más oscuros de la historia de las cárceles de la provincia, la relación entre hacinamiento y muertes violentas quedó explícita: 33 presos murieron quemados o asfixiados, encerrados como ratas en el módulo 16 de la U28 de Magdalena, uno de los “módulos de bajo costo” (como los definió el abogado del Cels Rodrigo Borda), construidos por el gobierno de Felipe Solá para ampliar la capacidad de alojamiento sin los servicios necesarios: “El SPB sumó 1984 plazas construyendo módulos de bajo costo, en los que los internos son alojados en condiciones deficientes: pabellones colectivos de más de 50 personas, insuficiente cantidad de baños, inexistencia de espacios recreativos o salas para recibir visitas”, sostiene Borda en el informe “Sobrepoblación y hacinamiento carcelario”.

En 2005, en las cárceles bonaerenses fallecieron 193 internos según estadísticas citadas por el Cels. De ese total, 89 fallecieron por lo que los penitenciarios llaman muerte natural y los especialistas denominan como atención deficiente al sida, tuberculosis y otras cuestiones referidas a la salud. Representan el 46,1 por ciento. Los 104 restantes (53,9 por ciento) murieron de forma violenta. Entre ellos, los 33 de Magdalena. De no haber ocurrido el incendio (que podría desatarse en cualquier otro penal, según consta en la reciente visita de Ganón a la U3), la cifra de muertes violentas hubiera sido 71, de todos modos más alta que la de 2004 que resultó en 63 muertes violentas.

La tasa anual de homicidios en la ciudad más violenta de América latina en 2005, la ciudad colombiana de Cali, fue de 75. Pero las tasas fronteras adentro del SPB harían temblar al más temible de los sicarios colombianos: proporcionalmente, la tasa que resisten los presos bonaerenses es de 338,52. En la provincia de Buenos Aires, para el mismo período, según datos de la Dirección de Política Criminal de la Nación, la tasa de homicidios fue de 6,4 y en todo el país, 5,8. En relación con el resto de los habitantes de la provincia, la tasa de las cárceles es respectivamente 5189 y 5737 por ciento más alta.

Las cifras esconden dos evidencias: que existe una tremenda discriminación entre personas presas y personas libres en ámbitos bonaerenses. Y que esa discriminación implica una condena a muerte encubierta. Aunque las últimas cifras indican que el hacinamiento no aumentó y la violencia decreció algunos puntos, en el promedio de los últimos cuatro años, dentro de los muros del SPB muere un preso cada dos días, seis horas y 43 minutos.

El mes pasado, dos unidades informaron sobre presos fallecidos por causas poco naturales: uno, José Benítez, en la U24 de Varela, de un puntazo, y el otro, de apellido Lutzen, en la U34, por un paro traumático, o sea, por cualquier causa no natural sin que se haga mención de cual. En los siete meses del año, la U34 tuvo cinco muertes violentas, y son 50 las unidades.