“¿Adónde nos vamos a ir?”, “¿qué hacemos con los chicos?”, “¿dónde dormimos hoy?”, “¿a dónde llevan nuestras cosas?”: los ocupantes del predio del barrio porteño de Parque Patricios acribillaron a preguntas al secretario del Juzgado Nacional Nº 9 que, escoltado por cientos de policías, se había presentado ayer en el lugar, dispuesto a cumplir una orden de desalojo. “La resolución no contempla la parte social”, les respondió el funcionario. Las quejas de los habitantes no se tradujeron en incidentes y al promediar la tarde el terreno de 19 hectáreas, propiedad del Estado nacional, se encontraba vacío y alambrado. De la parte social se ocupó el Gobierno de la Ciudad, que luego de realizar un improvisado censo entregó subsidios a las familias.

El predio en conflicto esta ubicado al costado de las vías del ex ferrocarril Belgrano Sur y pertenece al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe). Allí llegaron en abril unas 600 personas, en su mayoría mujeres y niños, en busca de un lugar donde levantar casillas precarias . La orden judicial los obligó a abandonar el terreno, sin tener un lugar donde ir. La Subsecretaría de Gestión Social y Desarrollo distribuyó entre las familias subsidios de 450 pesos para que alquilen una pieza de hotel.

La llegada del secretario judicial, acompañado por la Guardia de Infantería y móviles de la Policía Federal, incluidos carros hidrantes, sorprendió a las familias que aseguraron no haber recibido aviso de desalojo. “Esto nos agarró de sorpresa, nadie nos avisó nada”, aseguró Alfredo Albornoz, uno de los habitantes, mientras comenzaba a sacar sus pertenencias de la casilla.

La escena se repitió durante todo el día, en la mayoría de las viviendas. Sólo algunas familias rechazaron el desalojo y ayer por la tarde permanecían en los alrededores del predio de seis manzanas, ubicado detrás de la cancha de Huracán. Mientras los habitantes terminaban de juntar sus pertenencias en bolsas, personal policial derribó las casillas, la mayoría de madera y chapa o construcciones de ladrillo. En señal de protesta, un hombre incendió su casilla. “Queremos una solución a nuestro problema de vivienda. Antes de venir acá vivíamos en la calle o en hoteles”, dijo enfurecido.

Hubo gente que comenzó a reclamar la presencia de autoridades del gobierno porteño para que le dieran alguna solución. Cerca del mediodía llegaron al lugar funcionarios de la Subsecretaría de Gestión Social y del Programa Buenos Aires Presente, que armaron mesas en distintos puntos del terreno para hacer un censo de la población y luego entregarles un subsidiode 450 pesos mensuales, garantizado por seis meses. Algunas familias rechazaron esa ayuda. “Queremos que nos den un terreno y pagarlo, no que nos regalen nada”, sostuvo Edith, una de las afectadas.

El titular del Onabe, Fernando Suárez, también estuvo coordinando el desalojo. Ese organismo presentó la denuncia a la Justicia. “Lo hicimos porque es un bien del Estado y además el gobierno nacional impulsa políticas de vivienda ordenadas, y no este tipo de asentamientos”, argumentó el funcionario. El funcionario informó que en el terreno se construirá “una nueva sede de la Universidad Tecnológica Nacional y un edificio para la Facultad de Filosofía y de Letras de la UBA.