Tres de las empresas acusadas de contaminar el Riachuelo mostraron los dientes en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema. El eje de su estrategia consistió en apoyarse en las críticas contenidas en un informe de la UBA para descalificar globalmente el plan de Saneamiento. Muy distinta fue la posición de Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación, quien aprobó “las inspecciones y sanciones a industrias” y “la implementación de seguros ambientales”, si bien criticó “la falta de precisión sobre cuándo se proveerán cloacas y agua potable” y comentó que “se avanza con el plan cada vez que hay una audiencia pública”. En efecto, en la noche del lunes, el Ejecutivo dictó el decreto que designa sus representantes a la Autoridad de Cuenca. En la audiencia, el CELS, Greenpeace y la FARN criticaron “que no se otorga participación a la sociedad civil” y coincidieron con los peritos de la UBA en solicitar “un plan de salud activo” para la población afectada. Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación, “en respuesta a las precisiones requeridas por el informe de la UBA”, informó sobre “las 1500 intervenciones efectuadas”, recordó que hasta hace poco el Gobierno se limitaba a admitir las declaraciones juradas de las empresas y elogió a su equipo de inspectores, que recibieron capacitación psicológica porque “no estaban acostumbrados a las situaciones de violencia que se producen con los empresarios”. La audiencia continuará hoy.

Las empresas que pasaron a la ofensiva son tres de los 11 depósitos químicos de Dock Sud, que funcionan en terrenos fiscales –dos de ellas con contratos vencidos– y a las que la Secretaría de Ambiente solicitó la presentación de planes para su reubicación (ver recuadro); las otras ocho cumplieron. El representante de la firma Antivari, Julio Comadira, argumentó que “a partir de los reparos que presentó la UBA, el Plan de Saneamiento debe ser descartado”; aseguró que “Antivari presenta un riesgo poco significativo” y que los inspectores de la Secretaría de Ambiente “fueron recibidas en un clima de cordialidad”. Sostuvo que el traslado de la empresa “la condena al cierre” y mencionó “un petitorio que firmaron casi 1400 vecinos de Avellaneda para que no se cierren las empresas del Dock, de las que dependen”. Patricio Volpe, representante de Orvol, denunció una “discriminación” contra la empresa “por no ser propietaria del predio que ocupa”. José Luis Vázquez, de Tagsa, advirtió que “120 familias dependen de esta empresa” y que “la edad promedio de los empleados es 44 años; algunos hace 30 años que trabajan en Tagsa, que opera desde 1969”, por lo que “no les resultaría fácil reinsertarse laboralmente”. Las empresas solicitaron de la Corte “medidas cautelares” para evitar ser trasladadas.

El reclamo de las empresas tuvo lugar hacia el final de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema, la tercera sobre el tema. En la apertura, Picolotti había señalado que la Secretaría de Ambiente efectuó ya “1500 intervenciones en la Cuenca” y recordó que, antes de que se constituyera la Autoridad que preside, “simplemente se admitían las declaraciones juradas”. A partir de las irregularidades constatadas en las inspecciones, “la empresa debe presentar un plan, que es revisado por los técnicos de la Secretaría: si éstos lo aprueban, se firma el plan de reconversión, que incluye plazos”. Y puso como ejemplo a las curtiembres: “Hay 114, de las que 17 no tienen efluentes; de las otras 97, todas menos una presentaron planes de reconversión; algunos ya están en marcha, otros se están evaluando. También se trabaja con las cámaras empresariales, incluyendo al Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, que es importante en la cuenca”.

La funcionaria recalcó “nuestro programa continuo de capacitación de inspectores”. El equipo de control incluye a 250 inspectores capacitados” cuyo “compromiso y coraje” destacó Picolotti: “Son técnicos, y no están acostumbrados a las situaciones de violencia que suelen producirse con los empresarios. Es cierto que reciben el apoyo de los vecinos, que desde hacía muchos años esperaban inspecciones”.

La secretaria de Ambiente anunció también que “se estableció la obligatoriedad de que las empresas más riesgosas contraten un seguro ambiental: las aseguradoras son aliados estratégicos del saneamiento, ya que hacen auditorías de riesgo y, a menor riesgo, menor es la prima”.

Intervino luego Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación, quien observó que “cada vez que hay una audiencia pública, se avanza con el Plan de Saneamiento; de hecho, si tenemos Plan es porque lo ordenó esta Corte”. Destacó como positivas “las inspecciones y sanciones a industrias que durante años habían funcionado en el anonimato” y “la implementación de los seguros ambientales”. Según el defensor, “la gestión estatal, que estaba anestesiada, en 2007 comenzó a despertar”. Sin embargo, criticó, “la Autoridad de Cuenca nunca se reunió hasta ahora”; y, deploró también, que “no hay claridad ni precisión sobre cuándo se van a mejorar las prestaciones de cloacas, faltantes para el 55 por ciento de la población de la cuenca, y agua potable, de la que carece el 35 por ciento”.

En representación de tres ONG –el CELS, la FARN y Greenpeace– habló Andrés Nápoli, quien solicitó “monitorear el desarrollo del Plan, tomando como base la situación actual, con indicadores de avances”, y consideró “preocupante la falta de funcionamiento de la Autoridad de Cuenca” como organismo colegiado, ya que “no se puso en marcha la Comisión de Participación Social, con representantes de las ONG”. También criticó “incumplimientos en el suministro de información por la Secretaría de Ambiente”, y, en coincidencia con el informe de la UBA, observó “la falta de un plan activo en materia de salud”. Según señaló, “seguimos sin saber cuál es el número total de industrias contaminantes, qué empresas son las que tienen mayor responsabilidad y qué sanciones se están aplicando”. Recordó que “en septiembre de 2006 se prometió que, en un plazo de un año, se pondría en funcionamiento la planta depuradora Buenos Aires” y solicitó “la provisión de agua segura para los asentamientos precarios”.

La víspera de la audiencia, el presidente Néstor Kirchner había firmado el decreto para designar representantes del Poder Ejecutivo Nacional ante la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, que se sumarán a los dos representantes de la Ciudad de Buenos Aires y los dos bonaerenses. El organismo, presidido por la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, se reunirá por primera vez el 17 de julio. La demora en esa convocatoria le bajó el tono a la embestida del gobierno porteño, que había pedido informar aparte ante la Corte y hasta exigió que se declare inconstitucional la conformación del Comité de Cuenca. Uno y otro reclamo finalmente no se concretó. La audiencia continuará hoy, cuando los miembros de la Corte interrogarán a la secretaria de Ambiente.