Para la Argentina, la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres no es una política de Estado: no hay un plan nacional para enfrentar esta problemática, las partidas presupuestarias son escasas, persisten serios obstáculos para que las víctimas puedan acceder a la Justicia y faltan sistemas estadísticos serios que midan la real dimensión del fenómeno. Estas son los principales cuestionamientos que harán organizaciones no gubernamentales ante el comité de expertas de la OEA que evaluará el cumplimiento del país –y de la mayoría de naciones de América latina y el Caribe– del tratado internacional más importante para combatir la violencia de género conocido como Convención de Belém do Pará. Las especialistas sesionarán por primera vez en Buenos Aires. La reunión se extenderá entre mañana y el viernes y será inaugurada por el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, y el canciller Jorge Taiana.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres fue aprobada por la Asamblea General de la OEA en 1994. Su importancia radica en que ordena a los países que la ratifican –Argentina lo hizo en 1996– acciones concretas para evitar y luchar contra esta pandemia. Define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y obliga a los Estados parte a adoptar medidas progresivas para modificar los patrones socioculturales que sostienen las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que favorecen la persistencia de este fenómeno.

En su primer artículo, la Convención de Belém do Pará considera que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el privado”.

Esta convención tiene dos mecanismos de seguimiento: un cuerpo político, integrado por representantes de los gobiernos, y un cuerpo técnico, formado por expertas independientes, una por cada uno de la treintena de países del continente que ha ratificado el tratado. Ambos mecanismos de monitoreo empezaron a funcionar en 2005. La que comienza mañana será la tercera reunión del comité de expertas y se hace en Buenos Aires, en lugar de Washington, donde tiene sede la OEA, porque en las dos oportunidades anteriores Estados Unidos le negó la visa a la representante de Venezuela.

La sesión inaugural será mañana a las 11.30 en el Palacio San Martín. Allí, las expertas llegadas de todo el continente evaluarán los avances y los obstáculos en el cumplimiento de la convención en 28 países. En el caso de Argentina, analizarán un reporte presentado por el Gobierno y otro alternativo, elaborado por un equipo de investigación de la filial argentina de Cladem (el Comité de América Latina por la Defensa de los derechos de las Mujeres). Además, escucharán a representantes de entidades de la sociedad civil, entre ellas, un consorcio de medio centenar de ONG que conforman la Red de Monitoreo de la Ley de Violencia Familiar de la provincia de Buenos Aires (ver aparte). Finalmente, el comité de expertas hará recomendaciones al país.

El contrainforme de Cladem Argentina, al que accedió Página/12, es muy crítico: señala los numerosos obstáculos que encuentran en la Argentina las mujeres que sufren violencia y la ausencia de una política nacional integral para prevenir y enfrentar esta problemática. Algunas de sus observaciones son las siguientes:

- Se cuestiona que las respuestas del Estado están focalizadas “casi exclusivamente en la violencia familiar, intrafamiliar y/o doméstica” como si se tratara de un conflicto hogareño, en lugar de una violación de derechos humanos. “No se advierte que es la condición de género el factor de riesgo”, sostiene el contrainforme.

- Las organizaciones de mujeres coinciden en que existe “falta de voluntad política” para efectivizar programas de asistencia a víctimas de violencia que se sostengan en el tiempo. Además, “los que existen están localizados especialmente en las grandes ciudades”, dejando sin respuesta a extensas regiones alejadas de los centros urbanos más importantes y a las zonas rurales.

- No existen guías de atención para mujeres víctimas de violencia en el Poder Judicial y la Policía.

- La adopción de respuestas preventivas de parte de los magistrados depende del criterio personal de cada uno. Muchas veces se demoran.

- Faltan refugios para que las mujeres puedan ser derivadas en caso de riesgo de vida. En toda la provincia de Buenos Aires hay solamente dos.

- Se denuncia una “dramática disminución” del presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer, a través del cual el gobierno nacional instrumenta las políticas públicas de género. Del 2006 al 2007 la partida bajó un 80 por ciento y es de apenas 1.891.799 pesos.

- Una de las carencias “más significativas” por parte del Estado se resume en “la falta de un diseño de investigación” que permita tener estadísticas serias. “Este déficit no contribuye a visibilizar la problemática”, considera el reporte.

- “No hay una política penal tendiente a la erradicación del feminicidio, ya que el mismo no es visibilizado como tal. En la medida en que persista la actitud negligente de las autoridades policiales y políticas que se niegan a reconocer que se trata de casos de grave violencia contra mujeres y prefieran, en cambio, clasificarlos como ‘crímenes pasionales’, no existirá la sanción efectiva”, señala el contrainforme de Cladem Argentina.