Las abogadas que representan a la familia de Walter Bulacio plantearon ante Pablo Saavedra Alessandri, secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado argentino sólo ha informado sobre “una serie de reformas legislativas que lejos están de dar respuesta a los compromisos asumidos en sede internacional como garantía de no repetición de hechos similares” a los que condujeron a la muerte del joven, en 1991. Por el contrario, en la Argentina “se sigue alojando a menores de edad en comisarías y dependencias policiales”. En ese sentido se puntualizó que en un informe elaborado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Unicef se dejó constancia de que en la Argentina hay “19.579 niños, niñas y adolescentes privados de su libertad”. De ese total “el 84,8 por ciento se encuentra bajo una medida judicial y/o administrativa en virtud de una causa ‘no penal’, esto es, por causas asistenciales, que la mayoría de las veces tienen como origen una situación de carencia socioeconómica”.

En el texto enviado a la Corte Interamericana se recuerda que en el punto cinco de la sentencia del 18 de septiembre de 2003, donde se dejó sin efecto la prescripción del caso Bulacio, se dijo que el Estado argentino debía “garantizar que no se repitan hechos como los del presente caso, adoptando las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos”.

En el escrito, las abogadas recordaron que desde el comienzo han señalado que “el problema de fondo en este caso era el complejo sistema de facultades que el Estado otorga a las policías y otras fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente, sin orden judicial y fuera de los supuestos de flagrancia”. Recalcaron que la muerte de Bulacio “no se hubiese producido” si el Estado “respetara los estándares internacionales en materia de restricción a la libertad ambulatoria”.

Bulacio y otros 72 jóvenes fueron detenidos en abril de 1991 por aplicación del Memorándum 40, de la Policía Federal, una norma que permitía las detenciones sin intervención del juez. Esa disposición fue derogada, pero la policía cuenta con otras herramientas que le permiten “detener personas a su exclusivo arbitrio”.