–Váyanse –gritó asustado el casero del cementerio.
–¡Callate la boca! ¡Esto es por los pecados de los muertos que están acá! –contestó, también a los gritos, uno de los profanadores.
De esa escena se cumple hoy exactamente un mes. El último 14 de julio fueron destruidas unas 150 tumbas en el Cementerio Islámico de San Justo -donde está el sepulcro de Carlos Menem junior– sin que hasta ahora se haya producido ni una sola detención. La investigación judicial demuestra que no hubo robo alguno, porque las placas de bronce aparecieron tiradas en otras partes del cementerio, y el cálculo es que actuaron unos 15 profanadores, produciendo verdaderos estruendos en la noche. Sin embargo, ni el policía federal ni el gendarme que estaban de guardia dentro del cementerio dijeron haber escuchado nada y tampoco vieron ni escucharon nada los efectivos de la Bonaerense, encargados de la custodia exterior. La profanación es la prueba más nítida de las movidas policiales bonaerenses contra Juan Pablo Cafiero: es un delito en el que no hay ganancias económicas, nadie se queda con el dinero de otro. El objetivo es el mensaje: “Acá estamos nosotros, no nos van a poder controlar”.
Lo más asombroso es que hasta ahora para la Justicia sólo se trata de daños, un delito muy menor, y no de un atentado discriminatorio. Por ello, la causa sigue en poder de un fiscal provincial, el doctor Sergio Carrera Fernández, quien ya planteó que se trata de un caso de odio racial, pero aun así todavía el juez no aceptó que pase a la justicia federal como corresponde.
u “Destruyeron nuestros símbolos, arrasaron con escritos sagrados del Corán y se eligió al cementerio perteneciente a nuestra colectividad, cuando al lado hay otros dos: uno de culto católico y el otro armenio”, sostiene Adalberto Assad, presidente del Cementerio Islámico y ex presidente de la Asociación Argentina Arabe Islámica, ahora presidida por su hermano.
u Las últimas investigaciones agregan un dato: los profanadores pasaron por el cementerio católico, donde no tocaron una tumba, y entraron desde ese lado al cementerio islámico, donde arrasaron con lo que encontraron. Eso sí, el peritaje demostró que la tumba de Carlitos Menem no fue tocada.
En la comunidad islámica hay verdadera indignación porque la carátula sigue siendo daños, como si alguien hubiera roto el frente de una casa o una parada de colectivos. “Nuestra comunidad piensa que este procedimiento está siendo demasiado lento –señalan el abogado Edgardo Khalil, quien representa a la comunidad islámica en la causa–. No se le ha dado la importancia que el tema merece. Ni siquiera lo han pasado a la justicia federal. Las fallas fueron notorias: llegaron antes los familiares al lugar que las autoridades judiciales, no se protegió el área arrasada y seguramente así se perdieron pruebas.”
Lo concreto es que, hasta ahora, la investigación no arroja ningún resultado y aunque en la fiscalía mencionan la posibilidad de realizar algunos allanamientos, en 30 días no parece haberse avanzado mucho.
El punto clave es la interpretación de lo que pasó el 14 de julio. Los antecedentes brindan un panorama:
u El 21 de diciembre de 1997 el entonces gobernador Duhalde designó por primera vez un interventor civil en la Bonaerense, Luis Lugones. Tres días después, el 24, profanaron el cementerio judío de La Tablada. Siete días más tarde destruyeron 22 tumbas en el cementerio judío de Ciudadela.
u El 18 de setiembre de 1999 la Bonaerense produce la Masacre de Ramallo, con lo que toda su cúpula quedó cuestionada. Al día siguiente, volvieron a profanar tumbas en el cementerio de La Tablada. Ocho días después, entraron al cementerio de Ciudadela y destruyeron 25 tumbas de niños.
u En 1996, un comisario destituido de la investigación del caso AMIA asume en la jurisdicción de los cementerios, La Matanza. Poco después, seproduce la más grande profanación en un cementerio judío. Una semana más tarde se repite el fenómeno, pero esta vez da luz a una causa judicial nítida: dos jóvenes de una villa cercana reconocen haber cobrado el trabajo y que quienes pagaron fueron policías. Los dos suboficiales que pagaron lo admiten en una declaración policial. Pero claro, la investigación quedó en manos de la propia Bonaerense y todo se empantanó.
u Julio de 2002. Asume Juan Pablo Cafiero como ministro de Seguridad. A los dos días profanan el cementerio islámico. A un mes de ocurrido, no hay avances en la pesquisa.

Informe: Emiliano Ruy Rodríguez.