El Movimiento de Desmanicomialización señaló “gravísimas falencias” en un proyecto de ley nacional de salud mental que se discute en el Congreso, por “representar los intereses de la corporación psiquiátrica” y “no cuestionar realmente las instituciones asilares”, según denunció un coordinador de aquella entidad. La autora del proyecto, Marta De Brasi, sostiene en cambio que “tratándose de una ley marco, a las que las provincias adherirían voluntariamente, no corresponde reglamentar sobre internaciones psiquiátricas”. Más allá del destino del proyecto en cuestión, el debate hace presentes distintas cuestiones sobre salud mental y derechos humanos, entre ellas, la necesidad de modificar los códigos civil y penal para poner fin a la capacidad discrecional de los jueces para disponer internaciones psiquiátricas; la creciente utilización de los psicofármacos como instrumentos de control social, bajo la presión de las compañías farmacéuticas; la oposición al cierre de los manicomios por parte de empleados de esos institutos, “que los aprovechan como fuente de negocios espurios”, según un integrante del Movimiento.

“El proyecto de la diputada De Brasi está demasiado lejos de lo que sostenemos en materia de salud mental –afirmó Angel Barraco, cocoordinador del Movimiento de Desmanicomialización y Transformación Institucional–: representa los intereses de la corporación psiquiátrica, insiste en la internación para ‘la persona que padece trastornos mentales’ y no plantea pasos concretos hacia la interdisciplina y la supresión de las instituciones asilares.”

El documento dado a conocer por el Movimiento de Desmanicomialización –nacido en el marco de los Congresos de Salud Mental y Derechos Humanos de la Universidad Madres de Plaza de Mayo– acusa a ese proyecto de “gravísimas falencias científicas, inconsistencias técnicas y aspectos regresivos en políticas de salud mental” y, entre los puntos que debería incluir una futura ley de salud mental, destacan: “No a los manicomios e instituciones asilares o custodiales en los subsistemas estatal y privado”, y “creación de dispositivos que, sustituyendo al manicomio, sustituyan las lógicas manicomiales basadas en la exclusión”.

Mario Voronovsky –cocoordinador del Movimiento y miembro del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida del Hospital Esteves– denunció que “sectores gremiales defienden el manicomio como fuente de trabajo y también fuente de negocios espurios para las mafias sindicales que prosperan en instituciones con estructuras de sometimiento muy rígidas”. Otro de los coordinadores, Alberto Sava –referente del Frente de Artistas del Borda– agregó que “ha faltado consulta con las organizaciones que encaramos proyectos diferentes en el campo de la salud mental”.

La diputada De Brasi aclaró a este diario que “se trata de hacer una ley marco, para toda la República, y su contenido debe propiciar que las provincias se adhieran voluntariamente. En una ley marco no conviene reglamentar directamente la cuestión de las internaciones porque puede considerarse una injerencia en decisiones de las provincias, que en esos términos van a negar su adhesión”. La legisladora destacó que su proyecto “está en proceso de discusión, abierto a modificaciones”.

El psiquiatra Armando Bauleo –asesor de De Brasi– subrayó que “no se puede disolver el manicomio en forma inmediata: tiene que haber suficientes profesionales formados para trabajar con otros criterios; tienen que trabajarse los prejuicios de la población para que acepten la convivencia con personas que han salido de instituciones; hay que enfrentar la oposición de los enfermeros y empleados de los institutos. Entonces, no se puede hablar de supresión, sino de progresiva desaparición del manicomio”.

En cambio, el diputado Leonardo Gorbacz, autor de otro proyecto de ley sobre salud mental, sostuvo que “la ley debe establecer taxativamente el cierre de los manicomios y su sustitución por dispositivos que respeten los derechos humanos, tal como lo establece la Constitución Nacional. A las provincias puede ofrecérseles la ayuda económica de la Nación, si la necesitan para suprimir las instituciones asilares”.

La diputada Juliana Marino –que, como legisladora porteña, intervino en la preparación de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires– estimó que hace falta más tiempo: “Tanto el proyecto de De Brasi como el de Gorbacz deberían ser más trabajados, y habría que incorporar las provincias a este diálogo: de otro modo, toda ley podría quedar en letra muerta”, sostuvo.

Para Silvia Faraone –que asesoró a Gorbacz en su proyecto–, “la ley debe ir acompañada de cambios en los códigos civil y penal, que autorizan a los jueces a internar por la fuerza en instituciones manicomiales: la internación debe corresponder a un equipo interdisciplinario que incluya por lo menos psicólogos, trabajadores sociales y médicos, y las externaciones también deben estar a cargo de estos equipos, y no, como ahora, en manos de jueces que suelen posponerlas indefinidamente. Además, las internaciones decididas por aquel equipo deberían ser revisadas por una comisión que incluya a organismos de derechos humanos”.

Según destacó también Faraone, “la ley también debe tomar en cuenta la actual tendencia a la medicalización de la salud mental. Hoy por hoy, el control no sólo pasa por la institución de secuestro, sino que se vincula con el psicofármaco: así sucede con la sobremedicación de la inquietud infantil, rotulada como ‘déficit de atención’; hay en este sentido una gran presión proveniente de las empresas farmacéuticas”. En este orden, Gorbacz explicó que “la posibilidad de que la conducción de los servicios pueda ser ejercida por profesionales no médicos no es una discusión corporativa, sino que lucha contra la noción biologista de la salud mental”.