El ministro de Salud, Ginés González García, cuestionó a la Justicia de Entre Ríos por haber impedido que se practique un aborto a una chica discapacitada que fue violada. “No puedo entender que los jueces utilicen a la Justicia para impedir que se cumplan las leyes. Esta chica tipifica notablemente los casos en que el aborto está despenalizado y, sin embargo, juegan con esto, hacen ruido, hacen perder tiempo”, criticó. La decisión de una jueza de negar ese derecho generó además una catarata de repudios desde organizaciones de mujeres, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y asociaciones que reclaman la despenalización del aborto. En tanto, la joven permanece en un hogar del Consejo del Menor provincial para recibir “asistencia integral” durante el embarazo, según dispuso la Justicia. Aún no fue resuelta la apelación para que se le permita el aborto.

“Hay que ver el drama que está viviendo la chica, discapacitada y violada, es siempre un drama terrible –insistió González García–. Lamento muchísimo que los jueces utilicen la Justicia para impedir que se cumpla la ley; además no es problema de la ley: es problema humano, y por eso está incluido en el Código Penal.” El ministro hizo públicas las críticas en la Universidad de La Plata, donde firmó con el rector un acuerdo en el marco del programa de salud reproductiva que implementó esa casa de estudios para sus alumnos.

–¿Considera que se trata de un problema de principios por parte de la jueza? –se le preguntó.

–Los jueces no pueden tener problemas de principios, los jueces tienen que cumplir la ley, y lo que están haciendo es incumplirla, o utilizar a la Justicia para que no se haga lugar a la ley.

La chica, cuyo nombre se mantuvo en reserva, tiene 19 años y una edad mental de 5. Proviene de una familia que vive en la extrema pobreza en el barrio Humito, de Paraná. Su embarazo lleva tres meses y tres semanas. La madre de la joven fue al Hospital Materno Infantil local y solicitó la interrupción del embarazo. Pero allí fue enviada a la comisaría para que denunciara la violación. Una vez judicializado el caso, la defensora María Marcela Piterson presentó una medida cautelar por “los derechos de la persona por nacer”. La jueza de Menores Claudia Salomón la aceptó y ordenó al hospital que no practicara el aborto.

Además, dispuso la internación de la chica en un hogar del Consejo del Menor, lo que fue aceptado por la madre en un primer momento. Ayer, el Foro por los Derechos de las Mujeres, la Fundación Mujeres Tramando, el Inadi y el Conders se entrevistaron con la madre de la chica, tras lo cual denunciaron en una declaración conjunta que la mujer “fue llevada bajo engaño a la sede del Consejo del Menor en la ciudad de Paraná, para que firmara la autorización para que su hija fuera internada en forma provisoria en un hogar de su dependencia”. “La progenitora reclama por su derecho a tener a su hija nuevamente bajo su cuidado –sostiene el comunicado– y manifiesta su preocupación por la dilación de la práctica quirúrgica.”

Por su parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito también se pronunció sobre el caso: “Denunciamos una vez más a los/las funcionarios judiciales que hacen primar sus concepciones morales y religiosas por sobre la letra de la ley”, dijo.

En Entre Ríos, la titular del Instituto provincial de la Discapacidad y esposa del gobernador Jorge Busti también se expidió en contra de la decisión de la jueza: “No soy partidaria del aborto, pero considero que en los casos en que la ley lo establece hay que realizarlos”, dijo Cristina Cremer, a su vez candidata a diputada nacional.