La familia de la joven discapacitada de Entre Ríos a la que una jueza le impidió abortar pese a haber sido violada, denunció ayer que en el hogar estatal donde la chica quedó alojada compulsivamente –también por orden de la magistrada, Claudia Salomón– no le permiten ni siquiera visitarla. Antes, la defensora designada por la Justicia para “la persona por nacer” había pedido suspender la interrupción del embarazo con el argumento de que la madre de la chica discapacitada pretende hacer que su hija aborte porque por problemas económicos “no puede sostener a la criatura”.

La encargada de denunciar esta situación fue la hermana de la joven. La madre, Marta Gauna, se sabía incapaz de hacerlo sin quebrarse. “A mi mamá no se la dejan ver. Es como si mi hermana estuviera en una cárcel, mientras el violador sigue suelto”, aseveró una de las hermanas de la chica. “Nosotros no la entregamos, nosotros fuimos engañados, y ahora estamos haciendo todo lo posible (por la restitución)”, completó en las declaraciones que realizó a Radio Del Plata Paraná.

El defensor oficial que representa a la familia de la joven, Pablo Barbirotto, señaló que formalmente “para la madre hay un régimen de visitas por el que la puede ver lunes, miércoles y viernes durante dos horas de la tarde”. No obstante, la hermana aseguró que “desde que fue internada, a mi mamá no la dejaron estar con ella” y advirtió que “ahora vienen sábado y domingo y tampoco la va a poder ver, y nosotras sabemos que mi hermana está mal”.

La denuncia de la familia aparece como el corolario de una serie increíble de decisiones judiciales reñidas con el derecho. La primera fue la decisión de la jueza Salomón de ordenarles a los médicos del Hospital Materno Infantil de Paraná que suspendieran el proceso que habían comenzado con vistas a realizar el aborto. Esa decisión fue en respuesta a una medida cautelar interpuesta por la defensora oficial Marcela Pitersen.

Después de eso, la magistrada dispuso la internación de la chica en un hogar del Consejo del Menor, con la idea de que quedara allí virtualmente encerrada durante todo el desarrollo del embarazo, y de esa forma impedir cualquier posibilidad de aborto. Según la madre y la hermana de la joven discapacitada, fueron engañadas por las autoridades del establecimiento para que rubricaran un permiso.

“A mi mamá le dijeron que (para retirar a la chica tras el primer día de internación) tenía que firmar un papel por orden de la jueza”, contó la hermana. Después se dieron cuenta de que se trataba de la autorización para dejarla alojada allí hasta el final del embarazo, pero ya era tarde. Ahora Barbirotto está dedicado a lograr la restitución por vía judicial.

Mientras tanto, el abogado de la familia también está al frente de la misión principal: lograr la desarticulación del andamiaje judicial para impedir el aborto en un caso que el Código Penal autoriza. El defensor general de Entre Ríos, Arsenio Mendoza, explicó a este diario que Barbirotto presentó una apelación “que tiene la característica de ser un triple planteo; cuestiona la medida y pide su revisión, la apela para que vaya a la Cámara y ya no esté en manos de Salomón, y pide nuevas medidas, con el objetivo de que mientras se resuelve esto se vayan creando las condiciones para la interrupción del embarazo”.

“No se necesita autorización judicial para el aborto, pero la verdad es que ahora acá está todo muy confuso. Hay que saber si el caso reúne todos los requisitos legales, y por eso dispusimos garantizar el acceso a la Justicia de todas las partes”, afirmó Mendoza, quien de todas formas se mostró optimista en cuanto a la viabilidad de los pedidos.

La joven víctima de toda esta situación, cuyo nombre se mantuvo en reserva, tiene 19 años y una edad mental aproximada de 5. Pertenece a una familia muy pobre que habita en el barrio Humito de Paraná. Según medios locales, en la casa son 11 hermanos y ella es la única que tiene una cama para ella sola, ya que el resto duerme de a dos ante la falta de catres.

La decisión de la jueza de impedir la interrupción del embarazo en un caso claramente autorizado por el Código Penal generó una serie de críticas desde organizaciones sociales y de derechos humanos. Además se sumó al cuestionamiento el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi). El jueves, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, también cargó contra la magistrada: “Hay jueces que utilizan la Justicia para que no se cumplan las leyes”, criticó. Y aclaró que la situación de la joven entrerriana se encuadra en los casos despenalizados de aborto.