A casi tres semanas de planteado el pedido de aborto no punible para una adolescente de Paraná, con una discapacidad severa y que fue violada, la Justicia continúa obstaculizándole el acceso a ese derecho. Todavía el expediente no llegó a la Cámara de Apelaciones de Paraná, que debe resolver si levanta la prohibición para realizarle la interrupción del embarazo. Mientras, la gestación. Ayer, MFC fue trasladada del hogar del Consejo del Menor, donde la tenían recluida alejada de su familia, al Hospital Materno Infantil San Roque para realizarle estudios ginecológicos y neurológicos, pero la medida parece más destinada “entretener” a la madre de la joven, que a resolverle el problema a la muchacha.

Ayer, Marta Gauna, la madre de MFC, se reencontró con su hija y quedó con ella en el hospital, donde la llevaron en principio para hacerle estudios que certifiquen la edad gestacional y la discapacidad mental. Sin embargo, en toda la jornada sólo le tomaron la presión y le hicieron escuchar los latidos del feto, como si se tratara de una embarazada más, feliz con su gestación y no de una adolescente violada, que apenas balbucea y no puede controlar esfínteres, como es su caso. Su madre, muy humilde, reclama desde el 15 de agosto que le interrumpan el embarazo. “Hace tres semanas que estoy dando vueltas en tribunales sin que me den una respuesta. Si me tengo que encadenar para que mi hija pueda abortar, lo voy a hacer porque lo que le están haciendo a ella es una injusticia”, advirtió ayer la mamá, en diálogo con Página/12.

El Comité de Bioética podría expedirse sobre el caso el jueves. Pero el jefe del servicio de Obstetricia del hospital, Hugo Armando Catti, aclaró que hasta que la Justicia no levante la prohibición de interrumpirle el embarazo, dictada por la jueza de Menores Claudia Salomón la semana pasada, no pueden realizar el aborto, aunque encuadre en los supuestos de no punibilidad previstos en el Código Penal para casos como el de MFC. La medida de no innovar de la magistrada fue apelada por el defensor oficial Pablo Barbirotto el viernes y no el miércoles último como había asegurado a este diario en dos oportunidades el defensor general ante el Superior Tribunal provincial, Arsenio Mendoza. La jueza Salomón aceptó la presentación, pero ayer exigió algunos trámites burocráticos y recién hoy el expediente llegaría a la Cámara. “La Justicia, en lugar de demostrar interés por resolver el caso con premura parece concentrada en dilatar los plazos para que cada vez sea más riesgoso el aborto”, dijo una fuente judicial.