Desde Montevideo

Para María Selva Ortiz, socióloga y coordinadora de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, “la instalación de las plantas de celulosa en nuestro país consolida y amplía un modelo forestal que ya está comprobado que tiene graves impactos económicos, ambientales, políticos y sociales”. Ortiz se preocupa por el conflicto con Argentina, que “ha corrido el eje del verdadero debate que debemos darnos en cuanto a qué está pasando hoy con el modelo forestal, con la concentración y extranjerización de la tierra, con todas las unidades productivas que están siendo adquiridas por sólo cinco empresas trasnacionales, entre las que se encuentran Botnia y Ence”. Ortiz sigue el tema desde Redes, que comenzó a investigar este monocultivo forestal desde principios de los noventa, cuando las empresas comenzaron a usar los beneficios impositivos y los subsidios aprobados en el gobierno de Julio María Sanguinetti.

–¿Por qué el primer gobierno democrático promovió la industria forestal?

–Se la veía como una alternativa para los productores nacionales, pero inmediatamente llegaron las transnacionales que concentraron tierras. Hoy cualquiera de esas tiene un producto bruto mayor al de Uruguay, pero no pagan ningún impuesto y reciben créditos blandos. Es el único sector que recibe este tipo de beneficios. Las carreteras se deterioran mucho más, y ese costo lo pagamos todos los ciudadanos. Ahora también en Argentina se está impulsando con fuerza una ley forestal que es similar a la nuestra.

–¿Qué impactos económicos ya se registran de este modelo?

–El monocultivo forestal no ha dejado nada al país desde el punto de vista económico, porque ha dado mucho menos mano de obra hasta que la ganadería extensiva. Hay infinitas denuncias sobre trabajo semiesclavo e infantil en estas plantaciones forestales. Los impactos ambientales en el agua ya son evidentes en zonas como Mercedes –ciudad cercana a Fray Bentos–, donde 160 productores se han quedado sin agua. Además, hay una pérdida grave de soberanía, porque hay cuencas absolutamente estratégicas para nuestro país que están siendo claramente afectadas. Hay estudios que dicen que se podría perder el 70 por ciento de la correntía de la cuenca del río Negro por el monocultivo, y en esa cuenca están tres de las cuatro represas nacionales. Nuestro país, como Argentina, está atravesando una crisis energética muy grave. La instalación de las plantas no va a hacer más que ampliar estos impactos negativos.

–¿Cuáles han sido las consecuencias sobre el mundo laboral?

–En el censo agrícola de 2000 ya se registra una expulsión de productores y de trabajadores rurales y de oficios del campo a la ciudad. Hoy se observan asentamientos en cinturones periféricos de algunas ciudades del interior. Cuando estas empresas adquieren las tierras, desarman todos los establecimientos para que no puedan volver a ser ocupados.

–¿Qué acciones se desarrollan en Uruguay para impedir que se instalen las plantas de celulosa?

–Nosotros presentamos el caso de Ence y Botnia ante el Tribunal de los Pueblos de Viena. También realizamos acciones contra Ence en España, para que no se le brinden créditos por parte de diversos organismos del Estado español. Además, logramos que el ING Bank no otorgue créditos. A nivel local desarrollamos muchas acciones, aunque en el último año todas tuvieron una baja repercusión en la opinión pública, porque el conflicto con Argentina llevó a que los partidos y los medios convergieran en un bloque de defensa de las inversiones y que cualquiera que se opusiera fuera acusado de antipatriota. Pero hay una fuerte oposición en Uruguay a la instalación de las plantas y a la forestación. Los uruguayos debemos darnos un debate sobre qué modelo de desarrollo nacional queremos, sobre todo porque la población dio un gran mensaje de cambio en las últimas elecciones presidenciales de 2004, pidiendo la transformación del modelo económico y productivo que se venía aplicando. El gran emblema del Frente Amplio era “queremos un país productivo”. ¿La forestación está dentro de ese país productivo? ¿O son empresas que vienen a utilizar recursos estratégicos como el agua y la tierra, y el trabajo de los propios uruguayos, para satisfacer necesidades de consumo de otras sociedades? Este modelo, además, pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria, porque estamos destinando a la forestación nuestras tierras más ricas para la agricultura y la ganadería. Si los mercados internacionales van a estar cada vez más ávidos de alimentos de calidad, ¿por qué producir un commodity más como la pasta de celulosa?

–¿El modelo de monocultivo en cierta forma representa un retroceso con respecto al modelo agroexportador de fines del siglo XIX?

–Lo único que dejan en nuestros país estas empresas son los beneficios de los pocos trabajadores nacionales que van a trabajar en la fábrica. Botnia va a crear sólo 260 puestos directos para los uruguayos, porque más de 2000 personas que van a trabajar en la fábrica son extranjeros en los puestos más calificados. Un frigorífico medio en Uruguay, que paga todos los impuestos, genera 1040 empleos directos. Una tonelada de carne orgánica se exporta a partir de 1200 dólares y puede llegar a 7000, y el precio de una tonelada de pasta celulosa está en 400 dólares. Así que no hay ningún argumento para seguir impulsando este modelo. En este conflicto queda claro que las empresas tienen mayor poder que los Estados, como sucedió cuando Botnia no frenó la construcción de la planta, pese al acuerdo entre los gobiernos uruguayo y argentino.

–¿El Frente Amplio ha impulsado acciones que limiten el modelo forestal?

–Si bien ha hecho poco, el gobierno sí ha promovido una ley para que las sociedades anónimas no pueden comprar tierras. También, aunque se demoró bastante, Tabaré Vázquez firmó un decreto que responsabiliza a las transnacionales sobre la seguridad de los trabajadores que se desempeñan dentro de las plantaciones, porque hasta ahora no eran responsables, ya que el trabajo era tercerizado. Los contratistas generaban trabajo en negro y, si había algún accidente laboral, no eran solventes para hacerse cargo de los costos. Otro avance es que se terminaron los subsidios a la forestación, aunque se mantienen las exenciones impositivas.

–¿La relocalización fue una buena opción?

–No implica ninguna mejora para Uruguay. La de Ence en Colonia, anunciada como un triunfo en la Casa Rosada, implica que la empresa eleve su producción de 500.000 a 1.000.000 de toneladas. Así que esa salida fue mucho más perjudicial para Uruguay, porque se va a necesitar el doble de químicos y la planta va a tener el doble de emisión de efluentes. Así que para nosotros es una gran derrota. La relocalización es plantear que no quiero la basura en el patio de mi casa y quiero que la quiten y la pongan en cualquier lado. Hasta nos corren el área de forestación hacia el sur, donde están las mejores tierras.