Víctor Quiroga y Blanca Montenegro cumplen la regla no escrita, pero histórica, del campesinado argentino: formaron una familia numerosa (diez hijos), viven de lo que producen con sus manos y se aferran a la tierra como fuente de alimento, costumbres e historia. Habitan desde hace 40 años en Jocolí, una localidad a 60 kilómetros al norte de la capital mendocina, donde el mayor pesar siempre fue la falta de agua, que impide dedicarse a la agricultura. Pero hace tres meses conocieron un mal mayor: un abogado mendocino y docente universitario de derecho se presentó como dueño de su finca, exigió que se retiren del lugar y amenazó con sacarlos por la fuerza. El lunes pasado, esos dichos se plasmaron: con una adolescente dentro del rancho, una topadora derribó las paredes y, literalmente, destruyó la casa. También arrasó con los corrales y mató animales. La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), organización social donde participa la familia, ya comenzó la reconstrucción de la vivienda, advirtió que resistirán cualquier intento de desalojo y elaboró un documento donde vincula la represión con el modelo rural excluyente de Mendoza. El denunciado niega las acusaciones.

La familia Quiroga habita desde hace cuarenta años una finca de 50 hectáreas sobre la ruta nacional 40, en el kilómetro 3345, al norte de la capital mendocina. Siempre fue una región de escaso valor inmobiliario, donde la obtención de ingresos se logra con la cría y venta de animales. En mayo último, Teófilo Aruani, abogado de Obras Sanitarias de Mendoza (el ente que se encarga de la distribución del agua provincial) y docente de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, reclamó esas tierras como propias y exigió que la familia abandone la finca.

A fines de agosto, una topadora al servicio de Aruani intentó iniciar el desmonte, pero familias de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) impidieron el avance de la máquina, la echaron del lugar y denunciaron la acción ante la fiscalía correccional de Elena del Carmen Alcaraz. El lunes pasado, a las 11, comenzó la réplica: la misma topadora derribó la casa, los corrales y mató una veintena de cabritos.

“El derecho veinteañal, consagrado en el Código Civil argentino, legisla que luego de veinte años de posesión, el ocupante que dio uso productivo a una tierra, tienen derechos sobre el lugar. La familia lleva cuarenta años de posesión y la fiscalía no sólo no hace valer ese derecho, sino que trató de usurpadores a Blanca y Víctor”, denunció la organización. Luego de la agresión, la nueva denuncia pasó a la fiscal Girma Domínguez (de la Quinta Fiscalía), quien dejó la causa en manos, nuevamente, de Elena del Carmen Alcaraz, quien aún no solicitó medida alguna.

Teófilo Aruani cuenta una historia opuesta. Aseguró a Página/12 que compró “de buena fe” en 2006 el predio, pagó 75 mil pesos y sostuvo que allí nunca habitó nadie. “Compré para sembrar olivo, pero se metieron estas personas, son intrusos. Sobre la demolición del rancho, yo la ordené, estaba en el lugar y no había nadie y no matamos animales. Tiramos el rancho abajo para que no vuelva a meterse ningún intruso. Todo se hizo bajo la ley. Un escribano estuvo presente”, contó.

Desde el departamento de Prensa del Poder Judicial explicaron a este diario que el conflicto estaba en una “etapa de conciliación”, a la espera de un segundo encuentro entre las partes, y resaltaron que Aruani cometió un “acto de desobediencia ante la Justicia” por accionar en un período de negociación que ya había sido acordado.

Luego del paso de la topadora, el abogado presentó un acta de escribano donde afirmaba la conformidad de las partes. “Desde la Fiscalía se comprobó que eso es falso, por lo cual se solicitaron dos investigaciones: una por falsedad ideológica y, otra, por daños, amenazas y desobediencia”, afirmaron desde Prensa de la Tercera Fiscalía Correccional.

Las familias campesinas ya empezaron hace varios días con la reconstrucción de la vivienda y afirmaron que no dejarán el lugar por ningún motivo. “Sin tierra, no somos”, advirtieron.