Si se dijera que la causa 13.029/04 inicia hoy su debate oral y público, pocos, casi nadie, mostraría interés por ella. Los ocho procesados, sus respectivos abogados, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, la fiscalía, algún familiar quizás de los acusados y, seguramente, un par de empresarios y políticos. Para el resto, para el gran público, el caso pasaría por completo desapercibido. Pero la 13.029/94, como el caso de las narcovalijas de Southern Winds, dio varias veces la vuelta al mundo. Empezando por España, donde comenzó la intriga el 17 de septiembre de 2004, con cuatro valijas girando en la cinta del aeropuerto de Barajas, en Madrid, con 58,900 kilos de cocaína, sin que ningún pasajero las retirara, y con una identificación externa que decía “Embajada argentina”. Por el caso están procesados: cuatro empleados de la aerolínea, Walter Beltrame, Ariel Tamburrini, Fernando Arriete y Claudio Baudino; un matrimonio español, Elena Toimil Batán y José Ramón González Villar; y un remisero colombiano, Juan David Aristizábal, y Guillermo Sardi. No llegan al juicio ninguno de los ejecutivos ni dueños de la empresa, que estaba subsidiada por el Estado. Sólo los tres extranjeros están detenidos. El resto llegará en libertad.

La causa SW se abrió el 5 de octubre de 2004, cuando el gerente general de la aerolínea, Christian Maggio, se presentó junto a su abogado Eamon Mullen, en la fiscalía federal Nº 9, a cargo de Guillermo Marijuan. Eamon, junto con su socio José Barbaccia, conocieron por dentro esa fiscalía: habían sido sus fiscales hasta que la amenaza de un jury por sus actuaciones en la causa AMIA los llevó a una salida menos traumática, como lo es la renuncia. Maggio declaró, no como tal sino como testigo encubierto (secreto luego vulnerado), sobre la aparición de las cuatro valijas en Barajas. Sostuvo que el 22 o 23 de septiembre se había enterado de que cuatro valijas no retiradas por ningún pasajero de un vuelo de su empresa contenían el cargamento de cocaína. Las valijas estuvieron tres o cuatro días en el depósito aduanero hasta que se dio aviso a la sucursal española de SW. Cuando las fueron a retirar, las valijas ya habían sido abiertas por la policía.

El caso desató un escándalo y derivó en remociones en la Fuerza Aérea (el comodoro Alberto Beltrame, jefe del Aeropuerto de Ezeiza, es el padre de Walter Beltrame, jerárquico de SW) y la intervención de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), que luego fue desintegrada y reemplazada por la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA). También provocó la renuncia del juez federal Carlos Liporace, cuando avanzaba la amenaza de un juicio político en su contra por las ostensibles demoras que llevaba el caso.

Los que llegan al juicio son: Walter Beltrame, de 30 años, y ex jefe de atención de pasajeros vip de SW, acusado de haber mantenido contactos personales con el matrimonio de españoles. Según la empresa, fue quien despachó las valijas, viajó a España previamente y desde allí, el 16 insistió en que fueran embarcadas en el vuelo y sin pasajero. Después del atentado del 11-S está prohibido el transporte de valijas sin despacho de pasajero por cuestiones obvias. Sin embargo, en este caso así lo hicieron. En su defensa, Beltrame dijo que el envío sin pasajero era costumbre y que había pedido que se embarcaran cuatro valijas con mantas y vajilla. Beltrame estuvo prófugo y luego preso desde febrero de 2005 hasta principios de año.

Fernando Arriete, ex gerente de ventas internacionales de SW, fue quien logró que Beltrame fuera destinado a Ezeiza en mayo de 2004. Está acusado de haber autorizado el viaje de Beltrame a Madrid, el 14 de septiembre, para mantener contacto con la pareja de españoles como supuestos inversores de SW. En agosto de ese año mantuvo al menos una reunión con la pareja hispana en las oficinas de SW. Estuvo preso desde el 29 de diciembre de 2004 hasta octubre de 2006.

Claudio Baudino era supervisor de tráfico de SW. Se lo acusa de haber autorizado el embarque de las narcovalijas. También estuvo detenido en el mismo período que Arriete. Baudino participó en la producción del sumario interno que abrió SW después del escándalo.

Claudio Tamburrini era el supervisor de SW en Barajas y está acusado de ser quien mantenía contactos asiduos con los españoles. También se lo acusa de haber realizado llamadas al colombiano Aristizábal Tabares, quien supuestamente fue quien trasladó las valijas hasta el aeropuerto de Ezeiza.

Por otro lado, el matrimonio español, Elena Toimil Batán y José Ramón González Villar, están acusados de ser quienes debían retirar las valijas. En España, previamente, fueron condenados en otra causa por narcotráfico, aunque el procedimiento empleado dejaba abiertas demasiadas suspicacias. La pareja estuvo en varias ocasiones en Buenos Aires. En su defensa, sostienen que González Villar viajaba a hacerse un tratamiento odontológico con un especialista que le había sido recomendado por Guillermo Sardi, casado con una hija de un cónsul español y amigo de la pareja desde hacía un tiempo, según afirman ellos. Por el mismo motivo, Sardi es uno de los procesados.

Habrá que agregar, además, al último detenido, el remisero colombiano Tabares. Los tres extranjeros son los únicos presos. Según afirman, la pareja de españoles está dispuesta a declarar.

El juicio se realizará en Comodoro Py, tres días por semana, hasta diciembre, con la citación de más de 200 testigos. Para un caso tan particular, un tribunal también particular: no tiene jueces. Jorge Pisarenco y Enrique Schlegel pertenecen al TOPE 1. Y Luis Imas es abogado y fue elegido como conjuez.