La escena límite, el miércoles: un tiroteo entre policías y sospechosos en las puertas de la guardería infantil del Hospital Posadas. La respuesta, el jueves: un paro y reclamo masivo del personal en demanda de “un orden mínimo para poder trabajar”. La situación en los últimos meses: robos de autos de los médicos y de valiosos materiales del hospital y, en las últimas semanas, asaltos a mano armada hasta llegar a tres en un día. Los alcances: tal como la plantean sus profesionales, la situación del Posadas muestra cómo la “inseguridad” es resultado de una historia institucional donde se incluyen desde el funcionamiento de la Policía Federal como si fuera una empresa privada hasta la pérdida de las identificaciones de los acompañantes de los pacientes.
El Hospital Posadas está rodeado por un vasto predio donde están la playa de estacionamiento y, en edificio separado, la guardería que atiende a 200 hijos del personal. El interior está a cargo de un servicio propio de vigilancia y orientación, que por supuesto no incluye personal armado, y la custodia externa corresponde a la Policía Federal, pero en términos de un contrato privado con el hospital, por 40.000 pesos por mes, “pese a que se trata de un predio estatal”, observa Liliana Saligaris, titular de la Asociación de Profesionales del Posadas. El hecho es que “como hay una deuda pendiente, la Policía Federal redujo los servicios”.
La falta de esa presencia disuasoria trajo consecuencias como el tiroteo del miércoles ante la guardería. Ese día se habían producido tres asaltos a mano armada en el Posadas. “Los asaltos empezaron hace unas cuatro semanas, en el estacionamiento o cuando vamos a buscar a los chicos a la guardería –cuenta Saligaris–. Ya desde hacía meses había muchos robos de autos y también de equipamiento hospitalario: computadoras y hasta respiradores.”
Estos robos se vinculan con que “el Posadas tiene diez puertas de acceso que están abiertas las 24 horas sin ningún control (pero no tiene entrada para peatones; la que había fue destruida al construirse la Autopista del Oeste). Hasta hace pocos años, las puertas se cerraban a determinada hora, salvo algunas con vigilancia. Se cumplían los horarios de visita y los acompañantes de los pacientes tenían identificaciones. Todo eso se fue perdiendo”, señala la representante de los profesionales.
“No pedimos seguridad armada en el interior, no pedimos represión, sino un orden mínimo para trabajar”, quieren los profesionales. “Hace más de dos años, habíamos llegado a acuerdos con la Facultad de Arquitectura y con una escuela técnica para un plan de accesibilidad, circulación, señalamiento y seguridad, que podría haber evitado llegar a esta situación, pero nunca se puso en práctica”, cuenta Saligaris.