La Legislatura porteña protegió anoche, por primera vez en serio, ese recurso no renovable de los porteños, su patrimonio edificado. En la maratónica sesión en la que se despidieron varios diputados que pasan al Ejecutivo a partir del 10 de diciembre, se votó sin debate, por 38 a favor, ninguno en contra y sólo una abstención, una ley que protege una amplia franja de la ciudad. Por un año, no se podrá demoler en esa zona ningún edificio antiguo sin una licencia especial concedida por un órgano asesor que reúne al Legislativo y el Ejecutivo porteños con arquitectos y preservacionistas. Haber comprado y estar en una zona que permite edificar en altura ya no serán razones suficientes para destruir edificios de valor patrimonial.

La ley es producto de una serie de compromisos y de la rápida politización de los temas urbanos, que explotaron este año. El proceso comenzó con la proliferación de torres completamente fuera de escala en los barrios y con el surgimiento de grupos de vecinos como SOS Caballito, la Protocomuna de ese barrio y los Autoconvocados de Belgrano, entre muchos otros en Flores y demás barrios porteños. Este año, el fenómeno de los vecinos activistas se extendió al patrimonio y los legisladores terminaron acostumbrándose a ver ruidosos bloques en sus sesiones y audiencias abucheando o vivando por cuestiones como cotas de altura.

El rol crucial lo jugó un grupo nacido apenas el verano pasado con el nombre sin vueltas de Basta de Demoler, que inició acciones visibles para frenar la demolición de edificios invaluables en la zona norte. Estos vecinos acosaron a empresas que demolían petit hoteles de arquitectura francesa, indefensos por la proverbial pasividad del Ejecutivo porteño, con acciones como un velatorio público en Callao al 900. A mediados de año, presentaron con ayuda de la diputada Teresa de Anchorena, presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, un amparo para frenar la demolición de la residencia Bemberg, una joya francesa en Montevideo 1250.

El resultado fue electrizante: el juez Roberto Gallardo no sólo hizo lugar al amparo puntual, sino que dictaminó que es obligatorio que se protejan los edificios en trámite de catalogación. Es decir, afirmó que el Ejecutivo había faltado gravemente a sus obligaciones al autorizar que se demuela. En su fallo final, Gallardo hasta le impuso las costas del caso al gobierno porteño y le encajó el calificativo de “errático”. La Cámara porteña sostuvo el fallo y reafirmó que la picardía de apurarse a demoler antes de que salga la catalogación del edificio es ilegal.

La movilización de vecinos en un año electoral y el tajante fallo judicial tuvieron su reflejo en la Legislatura, que acusó recibo de que los temas urbanos y el patrimonio ya eran parte de la agenda política, como la salud o la seguridad. Así surgieron en la Comisión de Patrimonio cuatro proyectos de protección bajo el paraguas de una Emergencia Patrimonial porteña. En líneas generales, el mecanismo declaraba en emergencia el conjunto de edificios históricos de la ciudad por un plazo de seis meses y le daba al Ejecutivo porteño la carga de presentar en apenas cuatro una lista completa de todo lo que había que catalogar o liberar. El universo de edificios que abarcaba la iniciativa no cubría toda la ciudad, pero era –y es– el mayor jamás tratado: los casi tres mil predios de la lista de Edificios Representativos que compiló pero nunca se animó a enviar al recinto el Ministerio de Cultura porteño, los escasos sobrevivientes de la lista de Premios Municipales y un número aún no determinado de edificios valiosos en el enorme polígono del Paisaje Cultural de la Humanidad que inventó el jefe de Gobierno derrotado, Jorge Telerman, para ver si la Unesco lo premiaba.

Estos proyectos tuvieron un amplio y contradictorio apoyo, con diputados del PRO, Coalición Cívica, Frente para la Victoria y bloques minoritarios a favor, en contra o dudando. Finalmente, quedó en claro la incomodidad del futuro Ejecutivo con el concepto de “emergencia”, que crea hasta obligaciones legales no muy claras, y se negoció el texto actual. Lo que se votó anoche sin sobresaltos fue una ley que protege el mismo universo físico pero por un año y que de movida niega todo permiso de demolición de cualquier cosa construida antes del 31 de diciembre de 1941. El que quiera destruir uno de esos edificios para construir un reemplazo debe pedir un permiso especial al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, CAAP, una entidad formada por legisladores, un representante del Ministerio de Cultura porteño, otro de la Comisión de Preservación del Patrimonio y uno de las asociaciones de arquitectos, el Icomos y la Facultad de Arquitectura de la UBA, entre otros. El CAAP tiene treinta días para pronunciarse, tiempo insuficiente para hacer un estudio profundo de los casos pero amplio para lo único que se le pide: que diga sí o no. Si la respuesta es sí, el edificio en principio se puede demoler. Si el CAAP dice no, la carpeta pasa al gobierno porteño para que sea enviada a la Legislatura para que el edificio sea catalogado en forma permanente, trámite que no tiene tiempos y que, como dejó en claro la Justicia, implica la protección automática del edificio.

Como lo aprendió en carne propia la empresa que quiso demoler la casa de los Bemberg en Montevideo 1250 pero perdió duramente en la Justicia. El edificio fue catalogado con el máximo grado de protección en la misma sesión de anoche.