Diego Frías, Darío Neves y Martín Ceviranes, tres humildes trabajadores, están presos en el penal de Devoto desde hace 23 meses. Se los acusa de un secuestro extorsivo en el que se cobraron 5500 pesos de rescate, pese a que no registran antecedentes, al momento de su detención tenían puestos de trabajo que ocupaban desde hacía tiempo y, además, está detenido un cuarto sujeto, de frondoso prontuario, con el que no tienen –y así se probó en el expediente– ninguna relación. La imputación tuvo como principal sostén a una mujer, llamada Graciela, que después de haber declarado ante la policía nunca más pudo ser encontrada ni prestó testimonio ante la Justicia. La historia, con fuertísimo tufillo a armado policial, derivó en un drama judicial: desde hace nueve meses el expediente no tiene jueces porque dos tribunales orales distintos se declararon sucesivamente incompetentes.

Las gruesas irregularidades señaladas por los defensores de Frías, Neves y Ceviranes recibieron siempre como única respuesta: “Defiéndanse en el juicio oral”. En marzo, el expediente llegó al Tribunal Oral Federal número 5, integrado por los doctores Alfredo Ruiz Paz, Julio Reynoso y Marcelo Díaz Cabral. Los magistrados sostuvieron que al no tratarse de un secuestro de envergadura y que no ponía en riesgo la seguridad nacional correspondía que pasara a la Justicia ordinaria de San Isidro, la jurisdicción en la que ocurrieron los hechos. El expediente viajó entonces hasta el Tribunal Oral número 1 de San Isidro, que integran los doctores Carlos Tarsia y María Elena Márquez. A raíz de los reclamos de los defensores, Adrián Albor y Atilio Neira, los magistrados percibieron que Frías, Neves y Ceviranes ya llevaban demasiado tiempo presos, que no registraban antecedentes, necesitaban urgentemente mantener a sus esposas e hijos, y que, para colmo, les esperaban más meses en la cárcel porque el juicio oral estaba lejos de realizarse. Por ello, abrieron un expediente paralelo para otorgarles la detención domiciliaria aplicando una morigeración de la prisión preventiva. En ese marco, hasta ordenaron que se hiciera una inspección socioambiental para determinar que sus humildes hogares eran un ámbito adecuado para cumplir con la prisión domiciliaria.

Fijada la fecha para el estudio socioambiental para el 15 de noviembre, las familias esperaron ansiosamente la visita de los funcionarios judiciales encargados del relevamiento. Sin embargo, nadie se acercó a las viviendas del Tigre. Los defensores Albor y Neira volvieron entonces al tribunal para averiguar qué ocurrió y se encontraron con una resolución firmada ocho días antes en la cual también esos magistrados se declararon incompetentes. Es más, el expediente había sido enviado otra vez a San Martín, al mismo tribunal del que había llegado. Los magistrados ni siquiera resolvieron el expediente de la prisión domiciliaria.

En San Martín se produjo lo previsto. El TOF 5 también rechazó tratar el caso como ya lo había resuelto originalmente y envió el expediente a la Corte Suprema de la Nación. Como es obvio, nadie sabe cuánto puede tardar el máximo tribunal en resolver quién tiene que hacerse cargo de una causa que tiene tres personas detenidas desde hace casi dos años y lleva nueve meses rebotando entre un tribunal y otro.

El gran protagonista de la investigación inicial fue un oficial de la Policía Bonaerense, Pablo Machicote. El determinó que Frías, Neves y Ceviranes participaron del secuestro de dos personas merced al testimonio de una mujer cuya única referencia en el expediente es que se llama Graciela. Curiosamente, esa testigo, vecina del barrio, se mudó y nunca más pudo ser ubicada. Machicote alegó que le fue presentada por otra vecina, Elda Gamarra. Esta testificó que nunca le presentó ninguna Graciela a Machicote.

Por otra parte, las huellas digitales encontradas en el vehículo que se usó en el secuestro no coinciden con las de Frías, Neves ni Ceviranes; ninguna escucha los vincula con el hecho; en los allanamientos a sus viviendas no se encontró nada y pueden decir dónde estuvieron a la hora en que ocurrió el secuestro. Lo asombroso es que tiempo después fue detenida una cuarta persona, con extenso prontuario, y cuyas huellas digitales sí coincidieron con las aparecidas en la camioneta del secuestro. La Justicia no pudo encontrar una sola vinculación entre Frías, Neves y Ceviranes con este cuarto detenido.

Tal vez un dato explique el armado policial. Uno de los sospechados de haber participado realmente del secuestro registra tres llamadas entrantes desde la Brigada de Investigaciones de Vicente López, dos desde el Ministerio de Justicia bonaerense, una desde la Jefatura de Coordinación Policial de San Isidro y dos desde un teléfono usado por el personal del Servicio Penitenciario en la Unidad 21 de Campana.