Jorge Lemus, director del Hospital Fernández –ratificado como futuro ministro de Salud del macrismo–, salió ayer a tratar de capear el temporal frente a la denuncia por el caso de un paciente que fue asistido por un infarto y falleció por una infección generalizada luego de haber recibido un tratamiento con drogas que estaban en etapa experimental. “Se cumplieron todos los protocolos. Este es un hospital de altísimo prestigio y todos los profesionales cumplen con todas las obligaciones legales”, aseguró Lemus. “Acá no hay ningún profesional imputado”, agregó el futuro colaborador de Mauricio Macri. La fiscal de la causa, Viviana Fein, refutó lo dicho por Lemus: “Acá hay una imputación concreta respecto de tres profesionales que integran el equipo del doctor (Simón) Salzberg”, director de Cardiología del hospital. La fiscal aclaró que Salzberg “no se ha pronunciado (en la causa) porque ha sido imputado y el procedimiento es producir material probatorio y luego, si hay elementos suficientes, pedir la indagatoria” del médico, adelantó la fiscal.

El caso es similar a lo denunciado por Página/12, en marzo de este año, acerca de la utilización de pacientes del Pami para experimentos por los cuales las clínicas recibían 40 mil dólares. Jorge Lemus, en conferencia de prensa, aseguró ayer que “se tomaron todas las precauciones que corresponden” en la atención de Eduardo D’Angelillo, un taxista de 65 años que llegó al Fernández, el 13 de diciembre de 2006, luego de sufrir un paro cardíaco. Cuando llegó, le dijeron que le iban a hacer una angioplastia, el método tradicional para destapar las arterias. Luego se presentó el jefe de cardiología, quien decidió que podría ser sometido al “protocolo Finesse”, un procedimiento experimental que consiste en aplicarle al infartado una combinación de drogas que servirían para eliminar los tapones en las arterias, sin necesidad de cirugía. El paciente falleció el 14 de enero pasado, como consecuencia de una infección generalizada.

Janssen Cilag, el laboratorio estadounidense que ideó el “protocolo Finesse”, pagaba 18 mil dólares anuales por cada aplicación del estudio. En el Fernández se hicieron otros cinco tratamientos, antes del de D’Angelillo, que fue el sexto y último. Lemus defendió a los médicos: “No sólo no hay ningún pedido de procesamiento. Ni siquiera hay ningún imputado”. La fiscal de la causa lo desmintió y afirmó que son tres los imputados y que Salzberg podría correr la misma suerte.

“Para determinar si estuvo viciado el procedimiento (médico) y si el hombre (por D’Angelillo) estaba en situación límite para recibir ese protocolo, será determinante la opinión de los médicos forenses” que deberán realizar una pericia, a la que todavía le falta “una última prueba” que deben presentar las autoridades del Fernández. La fiscal confirmó que la aplicación del protocolo fue autorizada por el paciente, por su esposa y por un hermano.

De todos modos, hay que determinar si el procedimiento fue el correcto. Fein dijo que tiene “más de cuarenta preguntas” para formularles a los médicos. Hay que hacer una evaluación de “la historia clínica” de D’Angelillo y de “los libros del Fernández”. Hay que preguntar “si se aplicó el tratamiento alternativo habitual e independientemente del protocolo” o si “este protocolo no dio el resultado esperado de entrada, y si en ese caso pudo haber sido abortado, y por qué se decidió continuar”.

Cristian Caputo, abogado de la familia del taxista, dijo que quieren saber “si ese protocolo que se aplicó tiene relación de causalidad con la muerte” y “si ese paciente, con las características de gravedad que presentaba, podía ser sometido al protocolo”. El secretario del Comité de Investigación del hospital, Pablo Muntaabski, respondió ayer que en la historia clínica del paciente “figuran todos los aspectos legales” sobre el procedimiento, al que están sometidos “más de 50 pacientes” en todo el país. Sostuvo que D’Angelillo calificaba para ser sometido al procedimiento y que en el caso “la institución no ha sido cuestionada”. Consideró que en la difusión del caso “hay intencionalidad política”.