Un fiscal pidió que se condene a penas de hasta tres años de cárcel a tres bomberos y dos empresarios por el otorgamiento irregular de certificados para la habilitación de locales bailables porteños, una investigación iniciada a raíz de la tragedia de la discoteca Cromañón.

En la etapa de alegatos del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal 24, el fiscal Jorge López Lecube reclamó que se sentencie a tres años de cárcel al ex jefe de Bomberos Alberto Corbellini y al oficial principal Marcelo Nodar como coautores del delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

Además, solicitó una pena de dos años y nueve meses para los empresarios Rubén Fuertes y Luis Perucca, como partícipes necesarios del mismo delito, y de dos años y medio para el cabo de bomberos Marcelo Esmok.

La figura por la que el fiscal acusó reprime con prisión de uno a seis años al funcionario público que “directamente o por persona interpuesta o por acto simulado se interesare en miras de un beneficio propio en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

En su exposición, López Lecube sostuvo que los bomberos “obtenían beneficios económicos de las contrataciones” que realizaban los locales bailables con la empresa que regenteaban Fuertes y Perucca, que “estaban unidos, trabajaban juntos” y existía una “connivencia” por la “íntima vinculación” entre ambas partes.

El acusador analizó uno por uno los casos de los dieciséis locales bailables bajo sospecha de presunta connivencia entre la empresa y los bomberos para otorgarles sus certificados. Sin embargo, consideró “nada más alejado de la realidad cuestionar a la institución”, en relación con la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, ya que “en todas partes hay funcionarios buenos y malos”.

La causa se inició a partir de un careo que tuvieron en el expediente por la tragedia en Cromañón el defensor del Pueblo adjunto, Atilio Alimena, y la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fizsbin.