Un mes y medio después de haber convocado a organismos de derechos humanos y al Poder Ejecutivo bonaerense a una audiencia que por primera vez trataría el gravísimo problema carcelario en forma pública, en línea con lo ordenado por la Corte Suprema nacional en el fallo Verbitsky, la Suprema Corte bonaerense acordó en forma unánime una resolución quizás tan inédita como la audiencia pública que la antecedió. Inédita porque creó dentro del mismo tribunal un área de derechos humanos, con el rango de Subsecretaría de Estado, que se dedicará a monitorear lo que habitualmente escasea detrás de los muros de las prisiones, o sea, derechos humanos. Pero, además, porque incluyó una serie de pautas para facilitar las visitas de jueces a las cárceles. Y porque requirió al gobierno de Daniel Scioli “un plan operativo integral tendiente a normalizar de modo definitivo las disfuncionalidades edilicias de los lugares de detención y la provisión de servicios elementales”, para entregar en un plazo de 90 días hábiles (ver aparte).

La resolución, con la firma de todos los ministros de la Corte, hace un pormenorizado detalle de los pasos y antecedentes dados por el máximo tribunal provincial en línea con el fallo Verbitsky de la Corte Suprema, que ordenó (dicho muy sintéticamente) terminar con la degradación de personas tras las rejas, degradación que incluye infinidad de aspectos. De esos pasos, el primero, dado el 11 de mayo de 2005, ocho días después del fallo Verbitsky, consistió en ordenar que los jueces no admitan ni dispongan detenciones de chicos ni adolescentes menores de 18 años, ni de personas enfermas, en comisarías. Ayer, en el punto 1º de la parte resolutiva, la SC dio por cumplida esa parte de la sentencia de la Corte nacional, o sea, el ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, cumplió la orden.

En su segundo punto, la SC requirió al Poder Ejecutivo provincial un plan operativo integral para normalizar “de modo definitivo las disfuncionalidades edilicias” carcelarias y “la provisión de servicios elementales”. Es cierto que los dos años y medio de exhortaciones, intimaciones y órdenes al Ejecutivo, para poner en línea constitucional el tratamiento carcelario no estuvieron dirigidos a la administración Scioli sino a la de su antecesor, Felipe Solá. Pero también es cierto que la oscuridad cavernaria de las cárceles bonaerenses está largamente anunciada e informada a los cuatro vientos. El gobierno de Scioli apresuró sus pasos y hoy presentará su plan (ver aparte). El tiempo, breve seguramente, dirá si se trató de una pronta respuesta o de un plan de fondo.

Por servicios elementales, la resolución entiende a tan elementales como servicios antiincendios que puedan apagar el fuego, y cloacas que no colapsen como colapsarían en cualquier edificio de departamentos pensado para 100 personas y habitado por 300. Por lo visto, no bastó la construcción de nuevas cárceles para solucionar el problema.

En esa línea, la SC ya había planteado desde mayo de 2005 un abanico de exhortos y órdenes para alcanzar el cumplimiento del fallo Verbitsky, dirigidas a las otras dos patas del problema, legisladores y jueces. A los primeros, ayer los exhortó a adecuar la “legislación de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales e internacionales”.

Para los jueces la SC busca “optimizar las visitas carcelarias, adecuándolas a un protocolo estándar”, coincidente con las reglas internacionales. Es sentido común entender que, en este caso, “optimizar” guarda una profunda sinonimia con ordenar que se realice una tarea que, en términos estadísticos y reales, es prácticamente ausente de la agenda judicial. Cómo optimizar: resolvió crear la Subsecretaría de Derechos Humanos de Personas Privadas de la Libertad, que monitoreará los sistemas y condiciones de detención en cárceles y comisarías conforme a las pautas internacionales. Para ello, la SC misma organizará grupos de trabajo para proponer normativas y actualizaciones, sistematizará información y recibirá sugerencias de jueces, de instituciones públicas y de organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos.