Los trece muertos de la secundaria Columbine, los 31 masacrados en la universidad de Virginia Tech, las seis nenas asesinadas en una escuela amish en Pennsylvania y tantas otras masacres civiles parecen haber hecho recapacitar al Congreso estadounidense, que a última hora del miércoles aprobó la primera ley de control de armas en diez años. El avance consiste en un mayor chequeo de la salud mental de quienes quieran comprar armas civiles, en un país donde, según un estudio, funciona el triple de armerías que de McDonald’s. El texto original, sin embargo, fue reformulado por sectores que defienden “el derecho de los estadounidenses a portar armas” y, a partir de ello, las organizaciones en contra del armamentismo civil denunciaron que “ahora se desperdiciarán millones de dólares en dar privilegios a los que son un peligro para la sociedad”, ya que se deben renovar todos los permisos otorgados, y por otro lado, el Estado se hace responsable de las indemnizaciones por los permisos mal otorgados. En ese país, trece jóvenes son asesinados a diario por armas legales.

La legislación aumenta los fondos para el NICS, el sistema de control de antecedentes criminales vigente en Estados Unidos, y las limitaciones al acceso de personas con problemas psiquiátricos a la compra de armas. Fue aprobada tras largas negociaciones entre demócratas y republicanos, de las que resultó que el gobierno se hará cargo del costo de las apelaciones de quienes argumenten frente a la Justicia que fueron incorrectamente calificados en virtud de su sanidad mental. Ello supone que los registros incorrectos sean removidos del sistema en un plazo de 30 días.

La ley autoriza, además, el envío de 250 millones de dólares anuales a cada estado durante el próximo lustro, y otros 125 millones para cortes estatales, para cubrir los costos de la puesta en marcha de la medida, que puede ser vetada dentro de los próximos ocho días por el presidente Bush. La diputada demócrata neoyorquina Carolyn McCarthy sentenció que la sanción legislativa “fue el mejor regalo de Navidad”. Actualmente, con presentar la tarjeta de seguridad social basta para que una persona pueda comprar un arma en Estados Unidos. Sólo hace falta que la persona tenga al menos 18 años para adquirir rifles y armas largas, o 21 para armas de mano, que no se le haya prohibido la tenencia expresamente y que no haya falsificado deliberadamente los documentos presentados para la obtención del arma.

La discusión de la norma se había disparado a partir de la masacre de Virginia Tech en abril pasado, cuando el joven surcoreano Seung Hui-Cho –con problemas mentales constatados por la policía y sus profesores– mató a 31 personas y se suicidó con dos armas de guerra que había comprado legalmente por menos de 600 dólares. A partir de ese hecho, se dio un extraño consenso entre un grupo a favor de las restricciones en las ventas de armas, la Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas, que instó al presidente Bush a promulgar la ley, y la National Rifle Association (NRA), defensora “del derecho de los americanos libres a portar armas”.

Como contrapartida, el Centro de Políticas sobre Violencia, en contra de la venta indiscriminada de armas, denunció que la norma “fue secuestrada por los lobbistas y ahora podría ser más dañina que beneficiosa”, ya que en lugar de mejorar la ley actual “se desperdiciarán millones de dólares en privilegiar a personas decididas a convertirse en un peligro para sí mismos y para otros”. Esa ONG se refiere a presiones que la NRA habría ejercido en favor de los “buenos americanos” que quieran tener armas.