A diez días de asumir la Jefatura de Gobierno, Mauricio Macri consiguió ayer que la Legislatura le aprobara dos nuevas leyes de emergencia. Se trata de dos normas por las cuales el Ejecutivo se hace cargo obligatoriamente de la reparación de todas las aperturas de calles realizadas por empresas de servicios públicos. Los trabajos, según la ley, serían cobrados por adelantado a esas empresas. La norma obliga que esas tareas tengan autorización previa y fija multas de hasta 100 mil pesos por incumplimientos. Esta metodología permitiría resolver la situación generada cuando esas compañías realizan trabajos y dejan el pavimento sin reparar. Otra norma autoriza a la Ciudad a realizar los trabajos de bacheo en horario nocturno o durante los fines de semana, para no provocar trastornos en el tránsito.

Los legisladores, en la primera sesión extraordinaria sancionaron la denominada Ley de Emergencia de Mantenimiento de la Vía Pública, cuyo objetivo es la pavimentación de unos 15 mil baches durante 2008. Con el nuevo régimen, aprobado por 41 votos contra 8, se delega al Poder Ejecutivo “la facultad de llevar adelante, en forma directa o a través de terceros, la pavimentación de las calles y avenidas en horario nocturno, a fin de no entorpecer el tránsito”.

Como complemento, el cuerpo aprobó la ley de “aperturas y cierres en el Espacio Público”, por la cual se hace obligatoria para quienes realicen las obras la solicitud de permiso previo, además de establecerse las características de los trabajos y el respectivo plazo de ejecución. Los incumplimientos de esos compromisos podrán ser sancionados con multas que irán de 2000 hasta 100 mil pesos, para lo cual también se modificó el Código Contravencional.También se prevé que “las obras de cierre especiales” de las empresas de servicios públicos y/o privado” serán de entera responsabilidad de esas empresas, por lo que deberán soportar su costo completo.

El diputado Oscar Moscariello, que preside la bancada macrista, dijo que “las empresas de servicios públicos son las que generan determinadas deficiencias, ya que el 75 por ciento de los baches son provocados por esos trabajos”.

La ley de Emergencia, promovida por la diputada macrista y titular de la Comisión de Espacio Público de la Legislatura, Silvia Majdalani, procura revertir el “estado calamitoso de la vía pública”, producto del tránsito de vehículos y de las constantes reparaciones de las calles y veredas de la Ciudad.

Según los datos mencionados en el fundamento del proyecto, por la ciudad transitan 1.700.000 automóviles particulares, 39.000 taxis y 10 mil colectivos, a los que deben sumarse 1.200.000 autos que ingresan cada día desde la provincia de Buenos Aires.

El proyecto faculta al Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente a llevar adelante, “en forma directa o mediante terceros”, la pavimentación de calles y avenidas en horario nocturno, con lo que se busca no entorpecer el tránsito la circulación de vehículos y personas. Las tareas de reparación podrán, además, realizarse en días y horas inhábiles, para lo que se incluyó la no aplicación del artículo 82 del Código Contravencional (ruidos molestos), en lo que respecta a la reparación y mantenimiento de las vías y espacios públicos.

Ese artículo castiga con multa de hasta 10 mil pesos a “los que realizan ruidos molestos que perturben el descanso y la tranquilidad pública”.

En cuanto a la ley de apertura de calles, la nueva norma crea el Registro de Empresas Autorizadas para la apertura en el espacio público. En su artículo 4, la ley prevé la exclusión para quienes cometan cinco incumplimientos, infracciones o faltas con la consecuente inhabilitación para ejecutar las obras.

El gobierno porteño quedará facultado, desde la reglamentación de la ley, a hacerse cargo de todas las obras de cierre de las aperturas y roturas en la vía pública. Las empresas, por su parte, cuando soliciten el permiso de obra, deberán pagar en forma anticipada el costo de las tareas de reposición de roturas en la vía pública, incluyendo materiales y mano de obra, además de un arancel por gastos fijos y administrativos.