Un fallo de la Sala V de la Cámara del Crimen porteña revocó la prescripción ordenada sobre cuatro funcionarios municipales investigados por haber cajoneado en 1997 el expediente de clausura del local Reventón Bailable, que siguió funcionando sin que se levantara la clausura y que más tarde continuó con la habilitación trucha cuando fue abierto como Cromañón. La prescripción dispuesta por la jueza María Angélica Crotto beneficiaba a los ex funcionarios municipales Roberto Daniel Calderini, Jorge Eduardo Gatucci, Enrique Reinaldo López y Margarita Tambussi, a quienes había procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito menor y cuyo plazo ya había vencido. Ahora, los camaristas revocaron la prescripción y ordenaron investigar la habilitación del Reventón sin que se hubiera levantado la clausura impuesta por esos mismos funcionarios y consideraron que en esas condiciones la habilitación sólo pudo admitirse pagando coimas. “Los camaristas (María Garrigós de Rébori, Rodolfo Pociello Argerich y Gustavo Bruzzone) destaparon una olla”, debió reconocer uno de sus principales críticos, el abogado José Iglesias.

“El primer intento por habilitar el local bailable se encuentra plasmado en el expediente 10.294 del 13 de febrero de 1997, labrado a raíz del pedido de habilitación efectuado por la sociedad Once Central Park”, sostienen los camaristas en su fallo. En ese momento, solicitaron que se habilitara el predio ubicado en Mitre al 3000 como hotel sin servicio de comidas, un local de baile clase C, un garaje comercial, café, bar–confitería y canchas de fútbol cinco. La superficie denunciada era de 5700 metros cuadrados.

Los jueces comprobaron que el 14 de abril del ’97, Calderini, jefe del Departamento de Espectáculos, Recreación y Educación, determinó que los planos de habilitación presentados no se ajustaban al terreno y que había comunicación entre cada área, comunicación que no había sido informada. El director general de la Policía Municipal, Roberto Varela, ordenó la clausura. La empresa locadora del espacio de la disco, Lagarto SA, se presentó en reclamo y Varela derivó el expediente a Calderini. Este, el 20 de julio, o sea, tres meses después de su firma de clausura y sin que hubiera habido modificaciones, estimó que “podía accederse al otorgamiento de la habilitación, ya que, entre otras razones, era un edificio donde se desarrollaban otros usos comerciales pero todos con entradas independientes que no se comunicaban entre sí”.

Los camaristas determinaron que, curiosamente, “el expediente quedó sin remitir a su lugar de destino desde el 8 de agosto de 1997 hasta el 7 de octubre de 2002, por lo cual también quedó sin modificarse la clausura que recaía sobre el local y sin que ningún funcionario responsable respondiera o se hiciera responsable de si podía, o no, habilitarse el lugar en los términos en que se pretendía”. En pocas palabras, el expediente en el que constaba la clausura fue cajoneado.0

Simultáneamente, se abría otro expediente que por otra vía habilitaba a abrir Reventón Bailable, el 1º de agosto del ’97, mediante la disposición 06060 Dgryc/97, firmada por Gatucci y López. Para esa fecha, el superior de López era el empedernido Jorge Enríquez, cabeza visible de la cruzada para descabezar a Ibarra, aunque intacto a los efectos judiciales. “El expediente –señalan los jueces– termina con una constancia de inspección del 29 de marzo de 2003, en la que consta que todo está en regla. Esta fue la última inspección que se hizo sobre el lugar donde funcionaba República Cromañón sin que existan constancias intermedias... no se sabe qué pasó con el levantamiento de la clausura ni con el pedido de informes de Varela. Sí se sabe, en cambio, la forma en que, pese a los incumplimientos de la normativa vigente que se desprendían de los dos expedientes, el local de baile fue habilitado.”

La conclusión de los camaristas fue terminante: “La sala considera que existen elementos suficientes como para considerar la actuación de quienes intervinieron en forma directa en los trámites y decisión final de la habilitación del local sito en Bartolomé Mitre 3060, bajo la descripción típica del delito de cohecho, tanto en su faz activa como en la pasiva”.

La causa sobre la que ordenaron investigar es una de las tres causas colaterales al caso Cromañón, todas ligadas al papel de los bomberos. Una de ellas es la que actualmente está en juicio oral, que tendrá su veredicto en una semana, y que analiza el armado de empresas fantasma que presuntamente pertenecerían a los mismos bomberos que aprobaban los planos de seguridad y cuyo funcionamiento se detectó inicialmente sobre 16 discos. Otra investigación siguió sobre otros 60 locales. La tercera es la que investigaba hechos del ’97 que, en función del delito (leve) que había calificado Crotto, ya entraba en prescripción. Hasta que los camaristas “destaparon la olla”, detuvieron la prescriptibilidad y acusaron de delitos mucho más graves.