El Ministerio de Salud deberá reglamentar una ley de 1997 que otorga ayuda económica a personas discapacitadas y en “estado de necesidad”, por orden de una jueza en lo Contencioso Administrativo, que se basó en el pedido de amparo de una mujer que por sufrir artritis reumatoidea requiere de cuidados que no puede afrontar. La norma había sido aprobada hace diez años, pero jamás se aplicó. La cartera sanitaria ya apeló la medida.

La resolución de la jueza Claudia Rodríguez Vidal se conoció ayer y fue la respuesta a un amparo presentado por una mujer que padece artritis reumatoidea y está obligada a movilizarse en silla de ruedas y a requerir de cuidados especiales que no puede afrontar por su situación económica, ya que por todo ingreso recibe 200 pesos de un plan Jefes y Jefas de Hogar y vive en un inquilinato con su marido, desocupado, y una nena.

El Ministerio de Salud aseguró en un escrito “no tener responsabilidad en el caso” y recomendó remitir la orden procedimental al Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, la jueza dispuso en su sentencia que “corresponde al Ministerio de Salud proceder a dictar las normas que resulten necesarias para la aplicación del beneficio previsto en el artículo 33 de la Ley 24.901”. Esa norma establece que “se otorgará cobertura económica con el fin de ayudar a personas con discapacidad y/o a su grupo familiar afectados por una situación económica deficitaria”.

Amparada en esa legislación, la mujer solicitó en febrero de 2005 una ayuda económica ante el Programa Federal de Salud, aduciendo “necesidades básicas insatisfechas”. Frente a la inexistente respuesta, recurrió a la Defensoría del Pueblo porteño, que en septiembre de ese año exhortó al Ejecutivo a reglamentar los artículos 33 al 37 de la Ley 24.901.

Frente a otro estancamiento del trámite, recurrió a la Justicia, que finalmente falló a su favor. No obstante, la mujer seguirá esperando la ayuda establecida en la ley, dado que el Ministerio de Salud apeló, por lo que la resolución de Rodríguez Vidal pasará a otra instancia procesal.

La apoderada legal de la demandante, la abogada de Poder Ciudadano Romina Kelly, aseguró que la apelación “postergará innecesariamente esta resolución hasta el año próximo, cuando, en realidad, (la cartera de Salud) tienen ahora la obligación” de reglamentar la medida.

“No interesa quién reglamentará esta ley, pero alguien debe hacerlo. Ahora sólo hablamos de cuatro artículos, llenos de buenas intenciones, que no pueden llevarse a cabo por la falta de reglamentación”, se quejó la letrada. En tanto, la demandante sigue pensando cómo hará este mes para sostener una familia con 200 pesos de un plan social.