El Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó a analizar ayer si el método más común para aplicar la pena de muerte en ese país, la inyección letal, es demasiado cruel para considerarse legal. Los jueces escucharon los primeros testimonios en el caso de dos condenados a muerte que desafiaron el sistema de inyecciones letales del estado de Kentucky por considerarlo “cruel” y “un riesgo que inflige dolor gratuitamente”. Ambos han apelado a la octava enmienda de la Constitución: “No se administrarán castigos crueles o inusuales”. Es la primera vez que el máximo tribunal de Estados Unidos considera un método de ejecución desde 1879.

En 2004, Ralph Blaze, condenado por el asesinato de dos agentes de policía, y Thomas Bowling, que mató a una pareja cuando intentaba robarles el coche, apelaron en el circuito judicial del estado de Kentucky la decisión de ajusticiarlos con el sistema de tres inyecciones de barbitúricos. Perdieron el primer recurso en su estado, pero llevaron su litigio hasta la máxima institución judicial del país, abriendo un paréntesis en las penas de muerte.

En Estados Unidos no hubo ninguna ejecución desde el pasado 25 de septiembre, cuando a Michael Richard, de 49 años, le aplicaron la inyección letal en el estado de Texas. Ese día el Supremo ya había anunciado que aceptaba el recurso de inconstitucionalidad de los presos de Kentucky, pero los abogados de Richard llegaron al juzgado después de las cinco de la tarde, hora del cierre, y la jueza de guardia se negó a abrir las oficinas para recibir apelaciones.

“Hay que tener muy claro que el Supremo no está decidiendo sobre la legalidad de la pena de muerte, sino sobre el método más común en Estados Unidos para aplicarla”, explica Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. “También es cierto que desde septiembre estamos viviendo una moratoria de facto, no se está ejecutando a presos, porque los estados están pendientes de la decisión del Supremo.”

Se espera que los jueces lleguen a una conclusión en julio. El método ahora en cuestión fue ideado hace 30 años como una alternativa aceptable a la electrocución. Primero, al reo se le inyecta un anestésico que lo deja inconsciente y supuestamente le evita sentir dolor. Después se le aplica, también por vía intravenosa, un paralizante, para evitar los espasmos musculares de la muerte. Por fin, se le administra una droga que detiene el latir del corazón y que suele provocar una quemazón insoportable en quien la sufre sin anestésicos. El gran problema de la inyección letal, aplicada ahora por 35 estados, es que no hay manera de saber si el preso sufre o no, ya que gracias a la segunda inyección está paralizado en la camilla. A veces los presos tardan en morir más de lo esperado, y nadie puede saber qué sienten en sus últimos momentos.

El 13 de diciembre de 2006, Angel Díaz, puertorriqueño de 27 años, aguantó 35 minutos de agonía y tuvo que recibir una segunda inyección final para que su corazón dejara de latir. En el mismo año, Joseph Clark, otro preso de Ohio, aguantó una hora, consciente. Después de que se le administraran las tres inyecciones, seguía moviéndose. Al final, levantó la cabeza, abrió los ojos, y dijo: “No tengo trabajo”. Por eso los condenados de Kentucky han pedido que se revise a fondo el método y han argumentado que el principal problema es la inexperiencia del personal carcelario a la hora de inyectar las drogas.

Según su petición ante el Supremo, médicos y enfermeros tendrían que tomar parte en las ejecuciones. El problema es que, según los gremios sanitarios de Estados Unidos, la inmensa mayoría de profesionales del sector se opondría a tomar parte en ajusticiamientos. En 14 estados la única opción existente es este método de inyecciones. Otros estados permiten como alternativa la electrocución, el uso de gas, el ahorcamiento y el fusilamiento. En los últimos años, sin embargo, se tendió a aplicar la inyección trifásica con generosidad. De los últimos 500 presos ajusticiados, un 98 por ciento falleció de esta forma. Si el Supremo la declara inconstitucional, la mayoría de estados debería buscar nuevas alternativas a la hora de ajusticiar a los reos.

* De El País, de Madrid. Especial para Página/12.