La continuidad del cuidado de un millar de nenes y adolescentes con historias de abuso sexual, violencia, abandono y adicciones, que viven en hogares de ONG que tienen convenios con el gobierno porteño, corre riesgo. La ciudad les adeuda a las entidades entre uno y tres meses y –según denunciaron a Página/12– están haciendo malabares para darles de comer a los chicos, comprarles los medicamentos que necesitan y mantener a los equipos técnicos que los atienden. La subsecretaria de Promoción Social, Soledad Acuña, reconoció ante este diario la mora en el pago, adujo que en muchos casos se debe a irregularidades administrativas heredadas de la gestión de Jorge Telerman –por ejemplo, no encuentran dinero transferido por Nación antes de que asumiera el macrismo para pagarles– y aseguró que los problemas se irán solucionando en los próximos días. Además, Acuña adelantó que se analizará el trabajo de cada hogar a fin de definir si se renuevan los convenios a lo largo de 2008. La funcionaria también anunció que pondrán en marcha un nuevo programa para “desinstitucionalizar” a los chicos, es decir, para tratar de que vuelvan a vincularse y vivir con sus familias.

El conflicto involucra a unos mil chicos, que tienen desde pocos meses de vida hasta 18 años o más, todos ellos con historias de tristezas y pérdidas, la mayoría derivados desde juzgados de menores porque no pueden permanecer con sus familias, pues allí reciben malos tratos, porque tienen problemas con el consumo de drogas, o porque sus padres están internados por adicciones: un fenómeno nuevo, de los últimos años, son los nenes que se quedan sin papás como consecuencia del paco o porque sus padres tuvieron que ser derivados a neuropsiquiátricos, señalan profesionales de los hogares.

Entidades agrupadas en la Federación Argentina para la Protección de la Infancia y Adolescencia en Riesgo (Fapiar) advirtieron a Página/12 que no saben cómo mantener el cuidado de esos nenes y adolescentes en riesgo sin el pago de la ciudad. En cada hogar viven entre 15 a 20 pibes. “Tenemos que sostener alquileres de casas, equipos de profesionales técnicos, vestimenta, alimentación, recreación”, señaló con alarma Leonardo Petris, de la Casona de los Barriletes, ubicada en Liniers, donde viven adolescentes varones. “Hace dos meses que no cobramos”, se lamentó. “Tenemos serios problemas con los profesionales porque muchos no quieren trabajar más sin cobrar”, agregó Petris.

“Recibimos chicos víctimas de golpes, de abusos, de maltrato, de la droga”, detalló Ernesto Müller, presidente de la Fundación Alborada, que tiene tres casas donde viven unos cincuenta chicos y adolescentes. “Muchos tienen un nivel de deterioro muy grande”, contó Patricia Pérez, directora del Hogar Casa del Sol, donde tiene nenes de 1 a 18 años.

Unos cuatrocientos chicos –alcanzados por este conflicto– viven en hogares de ONG que tienen convenios con la ciudad desde hace años. A esas entidades, el gobierno porteño reconoce que les debe el mes de diciembre y que pronto, según dijo Acuña aunque sin dar mayores especificaciones, se los pondrá al día. Otros seiscientos nenes y adolescentes están en casas de instituciones que tenían acuerdos con la Nación, pero que a partir de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, fueron transferidas al ámbito porteño. A esas ONG la ciudad les reconoce que les debe el pago de las becas por cada chico de los últimos tres meses. “De esos seiscientos chicos, unos doscientos están en comunidades terapéuticas por problemas de drogas”, indicó Acuña.

“Las situaciones son realmente dramáticas. Algunas entidades están al borde de cerrar, otras están con la maquinaria forzada. No hay que olvidarse que trabajamos con una población que requiere una atención calificada”, precisó Petris. La Casona de los Barriletes tiene chicos que venían de convenios con la ciudad y otros con acuerdos firmados anteriormente con Nación.

El mayor problema, alegan en la ciudad, es que la transferencia no se formalizó, pero sí la Nación firmó con las entidades actas de desvinculación. “La transferencia debe hacerse con recursos, pero Nación pasó a la ciudad, durante la gestión de Telerman, sólo parte de ese dinero, unos 7 millones de pesos, y cuando asumimos no lo encontramos. Sólo detectamos alrededor de un millón y medio de pesos, con los que les vamos a pagar octubre y noviembre. Nos hacemos cargo del retraso, pero no queremos recibir el paquete cerrado de ONG: queremos ver cada caso, para analizar si continuamos o no con los convenios”, explicó a Página/12 la subsecretaria de Promoción Social. Por ejemplo, entre esas instituciones transferidas está Apand, de Baradero, que atiende a chicos y adolescentes discapacitados derivados desde todo el país, sobre la que Página/12 denunció graves irregularidades.

Cada ONG recibe entre 28 y 45 pesos por día por chico, según la complejidad del caso y las características del hogar. La nueva gestión porteña piensa cambiar las condiciones de las prestaciones. “A las ONG que tenían ya convenios con la ciudad les vamos a renovar los acuerdos por 120 días porque vamos a cambiar las reglas. Hay prestaciones que se están tercerizando y que puede hacer la ciudad, como la atención sanitaria de los chicos. No tiene sentido que paguemos psiquiatras si tenemos en la ciudad. Lo mismo ocurre con las actividades culturales, recreativas y deportivas. Hay que empezar a articular toda la red de prestaciones de la ciudad, algo que nunca se hizo. Vamos a ver el trabajo de cada ONG. Probablemente con la mayoría se pueda conveniar, porque son prestigiosas y tienen trayectoria, pero lo haremos con nuevas condiciones”, indicó Acuña. Entre los cambios que se implementarán, figura la creación de un legajo único de cada chico y la puesta en marcha de un programa, con financiamiento de Nación, de fortalecimiento de vínculos para los chicos que están institucionalizados o en riesgo de expulsión de sus casas, señaló la funcionaria macrista.

Otra de las medidas tomadas por la nueva gestión fue el cierre del cíber para chicos en situación de calle inaugurado en el 2007 por Jorge Telerman, que manejaba la ONG Amanecer, estaba sobre Corrientes y funcionaba como lugar de contención para aquellos pibes que no tenían dónde pasar la noche. “Es una estrategia de intervención con la cual no acordamos: de noche los chicos tienen que dormir”, fue el argumento de la subsecretaria.