Al cumplirse un año de la muerte de Darian Barzábal, de 17 años, a manos de un grupo de policías de la comisaría tercera de Los Hornos, en la ciudad de La Plata, la familia reclamó a la fiscalía general platense que revocara la decisión de los fiscales de la causa de cerrar la investigación y elevar el expediente a juicio oral. La madre de la víctima, a través de sus abogados, pidió que se realizaran una serie de diligencias tendientes a endurecer los cargos contra varios de los policías involucrados, los que ahora sólo son imputados por encubrimiento y permanecen en libertad. El único detenido, como autor material del crimen, es el sargento Santiago Regalía, quien está acusado de homicidio calificado, aunque la parte querellante pretende que se lo impute bajo la figura de tortura seguida de muerte. El abogado Favio Villarruel, que representa a la madre de la víctima, María Alicia Lugo, le dijo a Página/12 que también pretenden “que sean imputados por delitos más graves otros tres policías que tuvieron participación activa en los hechos”.

Darian Barzábal fue asesinado el 10 de enero de 2007, de un tiro en la cabeza, por el sargento Regalía, quien lo había detenido luego de que el joven fuera acusado por el policía Luis Dorato de haber entrado a su casa, en la localidad de Los Hornos, con la supuesta intención de cometer un robo. Ante la denuncia, al joven lo subieron a un patrullero de la comisaría tercera cuyo conductor era el sargento Christian Gutiérrez, a quien acompañaba el sargento Regalía. Del testimonio aportado a la causa por el propio Gutiérrez surge que el chico Barzábal, dentro del patrullero, iba con las manos esposadas a la espalda, mientras el sargento Regalía lo sometía a golpes y malos tratos, tratando de incriminarlo en el supuesto intento de robo contra su colega Dorato.

En diálogo con este diario, el abogado Villarruel puntualizó que Gutiérrez “no sólo acompañó a Regalía y luego trató de encubrirlo, sino que fue partícipe necesario del asesinato, porque no hizo nada para evitar lo que estaba sucediendo dentro del patrullero y que tenía una clara connotación ilegal. Al mismo tiempo, al estar manejando el vehículo en el que ocurrieron los hechos, tuvo una intervención importante porque posibilitó que su compañero tuviera las condiciones necesarias para seguir hostigando a Darian, hasta provocarle la muerte”. El joven murió como consecuencia de haber recibido un disparo en la cabeza realizado por Regalía, quien trató de exculparse asegurando primero que la víctima estaba armada y luego que se le había “escapado el tiro”.

Las dos versiones fueron rebatidas en forma rotunda. La investigación realizada por los fiscales María Di Gregorio y Sergio Delucis, que al principio había sido apoyada por la familia, determinó que el arma que apareció en la escena del crimen y que supuestamente era de Darian, había sido secuestrada por policías de la comisaría tercera de Los Hornos en un procedimiento anterior. Se demostró así que el arma había sido “plantada” por los policías, para tratar de exculpar al sargento Regalía.

En un escrito presentado al cumplirse un año del crimen, ante el fiscal general Héctor Vogliolo, solicitándole que ordene a sus subordinados Di Gregorio y Delucis que no cierren la investigación, los abogados de la familia, que pertenecen a la Asociación Miguel Bru y al Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, pidieron que se agravara la imputación contra otros dos policías. Se trata de la ayudante Mariana González, encargada del libro de guardia, y del teniente primero Iván Martínez. Por ahora, los dos están acusados de encubrimiento y permanecen en libertad.

En el caso de la ayudante González, los abogados sostienen que también tiene que ser acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber omitido el registro real de los hechos en el libro que estaba bajo su dominio. En lo que respecta al teniente primero Martínez, se afirma que tiene que ser imputado por el delito de peculado, al existir pruebas de que sustrajo un arma que tenía bajo su custodia para “plantársela” a Darian. Ante una primera negativa del fiscal Vogliolo, los abogados presentaron la semana pasada un recurso de reposición para que se impute con mayor severidad a Gutiérrez, González y Martínez.

Copia de la documentación fue presentada ante el Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y la Procuración General bonaerenses, y también ante la Comisión por la Memoria. “Este caso, como tantos otros, demuestra la falta de compromiso institucional de los funcionarios del Estado que dirigen las investigaciones donde está involucrada la policía”, afirmó Rosa Bru, fundadora de la asociación que lleva el nombre de su hijo Miguel.

“En la causa hay pruebas de que los policías golpearon al chico en el piso y luego lo subieron esposado al patrullero, pero en vez de dirigirse a la comisaría, dieron un ‘paseo’ de varios minutos, a 15 kilómetros por hora, por una zona de baldíos con escasa iluminación, mientras Regalía golpeaba y amenazaba con su arma al joven”, explicó Villarruel, justificando así el porqué de su pedido para que se acuse a Regalía de “torturas seguidas de muerte”.

Después de herir de muerte a Darian, los policías, en lugar de llevarlo rápidamente al hospital, pasaron primero por la comisaría. Cuando lo llevaron al San Juan de Dios, lo hicieron a una velocidad de 25 kilómetros por hora, en la madrugada y con escaso tránsito. Esto quedó demostrado al tener acceso a los registros aportados por el AVL, el sistema satelital con que cuentan los patrulleros policiales y que cada 27 segundos reporta su posición, lo que permite establecer con precisión cada uno de sus movimientos.