Son las figuras de una ley vetusta, que cobra una multa en australes y no puede resolver un dilema tan simple como encontrar la forma de castigar a una persona que fuma un porro en la vía pública sin judicializarla, llevándola a un extremo costoso para la Justicia y tedioso para el ciudadano. El ministro Aníbal Fernández ya había advertido a las fuerzas de seguridad bajo su órbita, a mediados del año pasado. Les ordenó no perseguir a los “perejiles” ni judicializarlos, pero el dilema se repite una y otra vez en Argentina, el país que consume más marihuana, por habitante, en América latina: ¿Es constitucional penar la tenencia para consumo?

Luego de consultar varias fuentes judiciales, Página/12 interrumpió el receso de algunos integrantes del Comité Asesor en Materia de Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja “ad honorem” –como gustan resaltar ellos– del flamante ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. No se sorprenden al escuchar que la policía detuvo a alguien por tener cinco gramos de marihuana en el bolsillo y la Justicia agarró el perejil. Definen el tema como interministerial: “Deberían intervenir los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Educación. Los jueces y fiscales tienen que exigir a las fuerzas que persigan la distribución, el tráfico, la venta de precursores químicos que sirven para producir estupefacientes”, dijeron las fuentes.

Desde el Gobierno se había comenzado a ver al consumo como un problema social; y el propio Fernández habló de ir hacia “una política de reducción de daños” como la europea, donde no se reprima penalmente al usuario y se le ofrezca asistencia médica si lo solicita. El Comité Asesor espera acciones “concretas” tanto en lo político como en lo judicial. Uno de sus integrantes casi se atraganta cuando este cronista le leyó parte del argumento del fallo, donde el juez Alberto Mahíques reconoce: “Soy de la opinión de que los delitos relacionados con los estupefacientes afectan no sólo la salud individual de aquellas personas que se ven comprometidas por su abuso y adicción, sino a sus ámbitos familiares y sociales, como así también a los propios Estados”. “Eso legítima la doctrina de López Rega –interrumpió la fuente–, que invocaba la seguridad nacional para perseguir y reprimir a los consumidores.”