Stadcover Eventos, la empresa que puso el piso protector en los recitales de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, sirvió de pantalla para una gigantesca operación de tráfico de drogas hacia España. Para proteger el césped de la cancha se suele poner un piso de planchas de plástico que se enganchan entre sí. Esas planchas son colocadas usando seis carros cuyos fondos fueron alterados, se hicieron huecos y allí se pusieron panes de cocaína que pesaron en total 700 kilos. Otros 400 kilos se detectaron en el allanamiento hecho a una quinta de Tortuguitas alquilada por el jefe de la banda: un viejo conocido del Batallón 601, Ernesto Lorenzo, alias “Willy” y alias “mayor Guzmán”, integrante de la organización de homicidas y secuestradores que encabezaba Aníbal Gordon. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, adelantó que Interpol ya está buscando en España a quienes iban a recibir la droga. Se supone, por ejemplo, que está implicada la representante de Stadcover Eventos en Barcelona.

La operación antidrogas fue comandada por el juez federal de Morón Juan Pablo Salas y la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, a cargo del comisario Miguel Angel Castro. El nombre de operación, Estadio 99, fue propuesto por el juez Salas y deriva de dos características impresas por la banda. Por un lado, que la empresa se dedicaba a poner pisos protectores en estadios y, por el otro, que los panes de cocaína tenían marcados el número 99, un dato que todavía no tiene explicación. “Tal vez sea el grado de pureza o algún otro elemento que por ahora desconocemos”, señaló el comisario Castro a Página/12.

El origen de la droga tampoco está del todo claro. Según los investigadores es muy posible que haya entrado desde Bolivia, ya que hay detenidos y comunicaciones que se relacionan con la ciudad de San Pedro en Jujuy. “Del peritaje que se realice tendremos el verdadero origen. Tal vez venga de Colombia, haya pasado por Bolivia y entró a la Argentina por Jujuy”, sugirió uno de los investigadores.

Un veterano ex juez en lo Penal Económico hizo el siguiente análisis de la operación frustrada. “Ya se sabe que es un momento de superproducción de cocaína. Hay droga de sobra. Muchas veces se da a entender que la cocaína se mueve a través de mulas que llevan pastillas en el estómago o pequeños paquetitos. Pero eso es perder de vista lo fundamental: la gran parte de la cocaína se mueve en estos cargamentos de envergadura. Ahí es que hay que poner el ojo. Es imprescindible que se haga un control minucioso de los containers que entran y salen del país. Y hay un dato contundente: el 95 por ciento de la cocaína que pasa por la Argentina va a España, de manera que no me extraña nada que este embarque también tenga a España como destino.”

El otro análisis preocupante que realizó el magistrado es que “esta organización de narcotraficantes es casi seguro que trajo mucho más que esa tonelada de cocaína. Lo habitual es que una parte del embarque original, tal vez la mitad, se destine al consumo interno en la Argentina. Eso ya les asegura el negocio. La otra mitad la arriesgan en el envío a España. Digo que la arriesgan porque el movimiento de una cantidad tan importante implica el riesgo de perder una cantidad enorme de dinero. Me suena razonable la estimación que hicieron el ministro y la Policía Federal. En Buenos Aires esa droga vale aproximadamente siete millones de dólares”.

La mecánica de la operación fue llamativa. Stadcover Eventos importó temporalmente las planchuelas plásticas para proteger el césped de la Bombonera en los recitales de Serrat y Sabina. Pero no sólo trajeron con esa modalidad las planchuelas sino también seis carros que sirven para mover las planchas. Esa modalidad de las importaciones temporarias ya puso a la empresa en la mira (ver aparte). Terminados los recitales, las planchas de plástico se llevaron a un depósito y los carros a una especie de taller. En este último lugar se cambiaron los fondos metálicos de los carros, incorporando una especie de pisos huecos en los que metieron más de 80 panes de 1200 gramos de cocaína en cada carro. En total, en el taller de la calle Deán Funes al 200, en Avellaneda, se secuestraron 700 kilos de la droga. El resto, unos 400 kilos, se estaba procesando en la quinta alquilada por Lorenzo, alias “Willy” y “Mayor Guzmán”, en Tortuguitas. Allí se le secuestró también una ostentosa camioneta Dodge RAM 2500, seguramente la 4x4 de mayor envergadura que se vende en el mercado, y un Peugeot 206. Willy también contaba con un arma sofisticada, una pistola ametralladora Ingram calibre 9 milímetros, con silenciador. Si se tiene en cuenta que Lorenzo estuvo en la banda de Aníbal Gordon y que estuvo preso cuatro años por otra operación de narcotráfico, resulta curioso que no hubiera un seguimiento del sujeto preguntándose qué hizo en estos cuatro años que estuvo en libertad y de dónde sacó el dinero para exhibirse con la impresionante Dodge RAM. En total fueron detenidos 13 individuos, incluyendo a Willy, un subcomisario exonerado de la Policía Federal y otro uniformado exonerado de la policía santafesina.

“Nosotros nos quejábamos porque sosteníamos que la ley de drogas había fracasado al aparear al ‘perejil’ que consume con quien vende –señaló ayer Aníbal Fernández–. El mejor resultado es el que tenemos hoy, porque tenemos que tratar de llegar a los que producen y trasladan la droga.”

–¿Cómo puede ser que una empresa que pone el piso protector en un evento tan importante como los recitales de Serrat y Sabina esté involucrada en esta operación? –le preguntó este diario al veterano juez.

–Mire, las cosas son al revés. Cuando uno tiene semejante cantidad de cocaína se busca armar algo que sirva de cobertura. O sea que, por lo general, la empresa no está creada sino que se la crea para mover millones de dólares en drogas. Y el ingenio es proporcional a esas fortunas que se manejan. Piense, por ejemplo, que hay países muy rigurosos en el control del ingreso de drogas. Las penas por narcotráfico son allí altísimas y los containers supervigilados. Es el caso de Australia y Japón. Un kilo de cocaína vale en esos dos países cerca de 100.000 euros porque el riesgo es inmenso. En España vale menos porque la posibilidad de entrar la droga es mayor y las penas son duras, pero mucho menores que las de Japón o Australia.