En un claro avance contra la discriminación hacia extranjeros en el país, la Suprema Corte bonaerense declaró por primera vez la inconstitucionalidad de un artículo del Estatuto Docente que exige la nacionalidad argentina como requisito excluyente para ejercer la docencia en la provincia.

El fallo beneficia a la profesora de Educación Física María Cecilia Gerez, a quien por su condición de uruguaya le impidieron inscribirse en el Consejo Escolar de Quilmes para poder desempeñarse en escuelas públicas del distrito, a pesar de que vive aquí desde pequeña, está radicada legalmente y cursó sus estudios, formó su familia y tuvo dos hijos en la Argentina.

Gerez recurrió con un amparo ante la Suprema Corte de la provincia por considerarse discriminada por causa de su nacionalidad y el alto tribunal avaló su reclamo por unanimidad. No es la primera vez que se cuestiona la exigencia de ser argentino o argentina para ingresar a la docencia. De todas formas, esta sentencia no implica la modificación automática del Estatuto Docente, que sólo puede ser reformado a través de una nueva ley, a cargo de la Legislatura bonaerense.

Un caso parecido llegó a la Cámara Federal, que también declaró la inconstitucionalidad del objetado requisito en 1988, pero se refirió a un docente que pretendía trabajar en un establecimiento privado. Esta es la primera vez que el pronunciamiento judicial del alto tribunal bonaerense abre la posibilidad a un docente extranjero para dictar clases en escuelas públicas.

En 2005, el Superior Tribunal porteño rechazó un planteo similar de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), pero luego la Legislatura, a pesar del fallo contrario, derogó el artículo en cuestión del estatuto que rige para la docencia en la ciudad de Buenos Aires.

La sentencia de la Corte bonaerense fue firmada a fines de diciembre, en el último acuerdo del cuerpo, pero recién se difundió ahora, cuando quedó firme, después de que la provincia desistiera de apelar ante la Corte Suprema de la Nación. El fallo considera discriminatorio el inciso 57 inciso “a” del Estatuto Docente por vulnerar el principio de igualdad ante la ley y considerar que a la restricción le “falta razonabilidad”. En todo caso, señala la Corte, debe primar el principio de idoneidad a la hora de evaluar si la profesora está en condiciones de acceder a un cargo en una escuela pública. La sentencia ordenó a la Dirección General de Educación Provincial que le permita a la profesora Gerez inscribirse en el listado de docente y se le otorguen las horas cátedra de acuerdo con el orden de mérito.

“No puede razonablemente ser privada del derecho de acreditar la idoneidad que dice poseer para aspirar a desempeñarse como docente en el sector público, únicamente por no reunir la condición de ser de nacionalidad argentina; sobre todo, cuando la asignatura que aspira impartir es la de educación física y, más aún, al reparar en su nacionalidad uruguaya”, argumentó el presidente del alto tribunal, Daniel Soria, a cuyo voto adhirieron los demás jueces que se pronunciaron en el caso.

Gerez nació en Uruguay, pero vino a vivir a la Argentina a los 3 años. En 1980 se radicó legalmente. En el país realizó todos sus estudios, incluido el profesorado de Educación Física. Aquí se casó y tuvo tres hijos. Pero no le permitían postularse como docente en el sector público provincial. “Es obvio que uruguayos y argentinos integran dos estados diferentes, pero, más allá de peculiaridades, episodios históricos y coyunturas diplomáticas, son en sustancia algo muy parecido, lo más parecido, quizás, a un mismo pueblo. Por ello no albergo duda de que una persona que reúne las condiciones de la actora se encuentra tan capacitada como una bonaerense, correntina o salteña, o cualquier otra ciudadana argentina, para procurar ejercer su profesión en establecimientos públicos o privados de esta provincia. En ello radica una plataforma cierta de su idoneidad, a la que no mella el que haya nacido en la otra orilla del Río de la Plata”, destacó Soria.