G.N.R. estaba bajo la tutela de la Justicia de Bahía Blanca cuando fue violada y quedó embarazada. Vivía desde hace varios años en el Patronato de la Infancia de esa ciudad, una institución subsidiada por la provincia de Buenos Aires. Pero la Justicia no la cuidó como debía: la muchachita, que tiene 18 años pero está anclada entre los 8 y los 9 años por un retraso mental –que comparte con otros hermanos–, alertó que en el seno de su familia sufría manoseos. Su testimonio quedó asentado en actas que firmaron profesionales del Patronato de la Infancia. La oyeron pero no la escucharon. Nadie les dio importancia a sus palabras. Igual, la mandaron de visita a ese ámbito familiar donde la hostigaban sexualmente. Y como consecuencia de esos abusos quedó embarazada. ¿Dónde estaba la Justicia que debía velar por su vida cuando su cuerpo indefenso era avasallado?

La legislación argentina le otorga el derecho a interrumpir esa gestación forzada. Su caso encuadra, sin ninguna duda, en los supuestos de no punibilidad del Código Penal: es discapacitada mental y sufrió un abuso sexual. Como indica la ley, su tutora pidió que se lo practicaran. La solicitud formal llegó el viernes al Hospital Interzonal de Agudos José Penna, según confirmó a este diario su director, Alberto Taranto. En el hospital siguieron los pasos previstos en el Protocolo de Atención del Aborto No Punible incluido en la resolución 304 firmada por el ex ministro de Salud bonaerense Claudio Mate, con fecha 29 de enero de 2007, que está en vigencia en la provincia. En ese documento se establece claramente que estos casos no deben judicializarse y tienen que ser resueltos en el ámbito hospitalario. El vicepresidente del Tribunal Colegiado de Instancia Unica de Familia, Jorge Eduardo Longás, debería leerlo para no volver a repetir el mismo error: no es complicado, está accesible en la página web del Ministerio de Salud bonaerense.

Los profesionales del Penna actuaron con valentía y avalaron el aborto no punible a pesar de las presiones de grupos religiosos. Y empezaron a suministrarle medicación a la niña para interrumpir farmacológicamente la gestación. Pero por fuera de sus competencias, tal como evaluó la defensora general de Bahía Blanca Graciela Cortázar, Longás ordenó suspender la práctica médica. Según se adujo, uno o más matrimonios pidieron la adopción de la criatura en gestación. Las mujeres no somos incubadoras. La maternidad no se impone. ¿Por qué esas parejas no se ocupan de ayudar a chicos que necesiten una familia o a tantas familias que tienen dificultades para criar a sus propios hijos en lugar de invadir la intimidad de una niña? Se hubiesen preocupado antes por ella: estaba hace años institucionalizada. La Justicia la desprotegió y no evitó que fuera violada. Con el respeto de los derechos de G.N.R. y el cumplimiento de la ley, los dos jueces del Tribunal de Familia que desarmaron la maniobra de su colega –vale recordar, ferviente devoto de la Virgen– mostraron otra cara de la Justicia.