El Poder Ejecutivo bonaerense envió ayer a la Legislatura un proyecto para reformar el Código de Procedimiento Penal provincial. Se busca limitar los permisos para que los presos puedan salir en libertad anticipada, poner plazos perentorios para resolver casos en trámite y reforzar el papel de la víctima en el impulso de las causas. El gobernador Daniel Scioli sostuvo que con la iniciativa se busca “dar respuesta a una demanda contundente de la sociedad en cuanto a poner límites a la situación de excarcelaciones que luego, debido a reincidencias, traen consecuencias trágicas y lamentables”.

Scioli sostuvo que quiere con este proyecto “renovar el compromiso de los distintos sectores en la lucha contra esta problemática de la inseguridad”. Con ese propósito convocó a una “megarreunión” para el próximo jueves con la procuradora general de la Corte, María del Carmen Falbo, los fiscales generales, integrantes de asociaciones de magistrados, intendentes, legisladores nacionales y provinciales.

El proyecto surgió de un debate entre legisladores y funcionarios judiciales. Se lo considera la “tercera pata” de una reforma de “cuatro puntas” en la que ya se aprobaron la Ley de Flagrancia y la que puso límite a la competencia del Tribunal de Casación bonaerense. Más de 14 mil personas detenidas por delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires gozan de libertad condicional o transitoria, salidas laborales o detenciones domiciliarias, dijo el Servicio Penitenciario Bonaerense.