–¿Por qué la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores dejó que el proyecto de ley de infecciones intrahospitalarias, aprobado por unanimidad en Diputados, perdiera estado parlamentario? –preguntó PáginaI12.

–A partir de las opiniones que fuimos recabando, los senadores consideraron que no era lo más propicio avanzar en esa línea –contestó Germán Lovrencic, jefe de asesores de la senadora Haidé Giri, presidenta de la Comisión de Salud.

–¿Hubo entrevistas con entidades médicas?

–No lo tengo presente –contestó Lovrencic–. Los círculos o entidades profesionales pueden trasmitir su opinión. En todo caso los senadores no estaban convencidos en cuanto a ese proyecto. Y, consultados organismos oficiales como el Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias, se manifestaron en contra de la necesidad de una ley.

“De ningún modo nos oponemos a una ley nacional de infecciones intrahospitalarias –dijo a este diario Guillermo Lossa, titular del Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias–. Debe fijarse como obligatorio un programa de control de infecciones hospitalarias en cada establecimiento de salud, que incluya enfermeras con dedicación exclusiva al tema, designadas para eso: por lo menos dos por cada 125 camas.”

“Y la ley debe propiciar que los hospitales asignen recursos a los programas de prevención y control de infecciones hospitalarias –continuó Lossa–. Actualmente no se financia la capacitación en ese sentido. Hemos preparado un soft de vigilancia que otorgamos gratuitamente a todos los establecimientos que participen en el programa: pero la mayoría de los hospitales no les asignan computadora o conexión a Internet, lo cual costaría menos que un día de tratamiento para un paciente infectado.”

–¿Estima usted que hay una oposición corporativa por parte de médicos a la visualización de este tema?

–Sí –contestó Lossa–. Pero no creo que la solución consista en un sistema de reporte obligatorio, que no habría manera de controlar y sancionar. Lo que proponemos es que los hospitales que implementen adecuadas medidas de control reciban una certificación del Ministerio de Salud, la cual, en caso de juicio contra ese establecimiento, serviría como argumento a su favor.