La Ley 26.364 tipificó como delito federal la trata de personas. Son juzgados y las fuerzas de seguridad federales los que intervienen en las investigaciones.

La pena prevista para el delito de trata es de 3 a 6 años de prisión y puede llegar a 10 si el culpable fuese cónyuge o familiar directo, funcionario público o si interviene una organización delictiva.

En el caso de que las víctimas sean menores de 18 años, las penas pueden llegar a 15 años.

Desde que entró en vigencia la nueva norma, el 29 de abril de 2008, hubo 138 allanamientos en distintos burdeles del país realizados fundamentalmente por la Policía Federal y la Gendarmería, y en menor medida por la Prefectura, según las estadísticas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Hasta el 13 de febrero último se habían rescatado en el país 184 víctimas de explotación sexual, 116 mayores de edad y 68 menores. En total, hubo 161 detenidos en los operativos. Lo que se desconoce es cuántos de ellos recuperaron la libertad.