La violación a la joven toba ocurrió el 3 de octubre de 2003, a un costado de la iglesia de su pueblo. Uno de los tres agresores la sujetó contra una pared. L. N. P. forcejeó para escaparse, pero no pudo zafar. Gritó pidiendo auxilio pero le taparon la boca, según se detalla en la demanda ante la ONU. El violador la obligó, según la denuncia, a realizar sexo oral y luego la penetró por vía anal. Los tres “criollos” la amenazaron para que no los denunciara. Pero L. N. P. rompió el silencio que por años –dicen en la zona– mantuvo ocultos abusos semejantes hacia niñas aborígenes. En el destacamento policial, en lugar de tomarle la denuncia, la enviaron al puesto sanitario. El jefe de la salita la examinó a horas de ocurrió el hecho. La chica contó que le hizo “tacto sobre la herida, lo que le produjo intenso dolor”.

El abuso del forense fue uno de los tantos atropellos que sufrió la muchacha. La denuncia policial recién fue tomada cuando toda la comunidad toba se plantó frente al destacamento policial y presionó para que atendieran a la madre de L. N. P. Los tres jóvenes acusados fueron detenidos y se abrió una investigación judicial “por abuso sexual carnal calificado”. La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción con sede en la ciudad de Castelli, a unos 80 kilómetros del pueblito donde vive L. N. P. El juicio lo llevó adelante la Cámara en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a unos 250 kilómetros de la casa de la muchacha. La enorme distancia hizo que para la familia fuera difícil seguir el caso. Finalmente, el 31 de agosto de 2004, los tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad.

Las heridas sufridas por la víctima fueron atribuidas por los camaristas al “ímpetu con que se intenta la penetración” y a la “juventud del sujeto activo, edad en que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta alcohólica, que fue reconocida por el autor y constatada por el médico, que suele producir mayor desenfreno”.