“Se ha litigado muchísimo en la región en los últimos años, no sólo en la Argentina, contra la anticoncepción de emergencia y también contra todos los demás métodos, con excepción del de Billings aceptado por el Vaticano. Los argumentos viajan de un país a otro”, indicó a Página/12 la abogada chilena Lidia Casas Becerra, profesora asociada de la Universidad Diego Portales de Santiago, del país vecino, quien viene estudiando el fenómeno reaccionario en Latinoamérica.

Casas Becerra estuvo en Buenos Aires y conversó con este diario. En los últimos años publicó diversos estudios de legislación y jurisprudencia sobre derechos sexuales y reproductivos y violencia.

–¿En qué países se han presentado demandas para obturar el acceso a derechos sexuales y reproductivos?

–Hay un patrón de presentaciones judiciales contra la salud sexual y reproductiva en el continente. Hay demandas en Uruguay, Colombia, México, Ecuador, Costa Rica, Perú, Chile, y antes las hubo en los Estados Unidos y también en Canadá, y en Reino Unido. Esta estrategia de judicialización ha ido permeando en toda América latina. Hay una oposición fundamentalmente católica, súper activa, que utiliza los tribunales como el gran foro de discusión en materia de autonomía sexual. En Chile, esto queda muy claro en la última discusión del Tribunal Constitucional que es una vergüenza nacional. A partir de la presentación de un grupo de legisladores de la derecha, el Tribunal Constitucional prohibió la entrega en hospitales públicos de la anticoncepción hormonal de emergencia. Pero se puede comprar en las farmacias y los sistemas privados no están impedidos de informar sobre ese método y prescribirlo. Esta presentación es muy similar a la que se hizo en la Argentina, que llegó a la Corte Suprema en 2002 (ver nota central). En el caso chileno, la demanda iba también contra la entrega de información a los adolescentes y contra el dispositivo intrauterino. Era un paquete de resistencia muy amplio que se proponía discutir lo que en Chile teníamos instalado desde la década del 60. La mitigación del daño fue que solamente el fallo se concentró en la AHE y no tocó ni el DIU y en materia de adolescentes fue muy interesante: por unanimidad sostuvo que la entrega de los servicios debe hacerse en confidencialidad. Es interesante dado el cariz conservador del tribunal.

–¿Quiénes financian a las organizaciones antiderechos en estas presentaciones?

–En el caso de Chile hay una relación muy estrecha con los grandes grupos económicos, muchos de cuyos principales exponentes son Legionarios de Cristo o miembros del Opus Dei. Son donantes muy ricos. Si alguna vez se consideró que el activismo judicial era de los sectores de izquierda, para reclamar por derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales, hoy día nos encontramos con otros sectores de la sociedad latinoamericana que también utilizan los mismos foros judiciales, sabiendo además que son más cercanos a sus posturas, porque son conservadores. Es una arena súper movediza, además, porque algunas de las medidas que se adoptan en la región en materia de salud sexual y reproductiva son a nivel de reglamentaciones administrativas, entonces, dependen mucho de la autoridad política de turno: cambió el presidente, cambió el ministro y cambiaron las circunstancias en virtud de las cuales esto se puede o no se puede hacer.