Tres internos fallecidos en penales bonaerenses por efecto del virus A H1N1, uno de ellos confirmado y los otros dos con todas las características pero a confirmar en los estudios, fueron informados ayer por el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, además de otros 22 detenidos internados. El martes pasado, luego de una visita sorpresiva realizada el jueves 2 y viernes 3 pasados en la Unidad de Traslados 29, de Melchor Romero, el Comité Contra la Tortura platense presentó una denuncia ante la subsecretaria de Política Criminal, María Pía Leiro, para notificarla sobre el estado de situación de la unidad. La U 29 viene a ser un punto estratégico en la lucha bonaerense contra la gripe: es la unidad concentradora de los traslados de detenidos a todas las unidades bonaerenses. Desde allí, además de detenidos fácilmente podría repartirse el virus a toda la provincia. El CCT enteró a la subsecretaria del área de la “mugre antigua impregnada, materia fecal, orina, restos de comida y ausencia de elementos de limpieza”. Del lado del Servicio Penitenciario Federal no hubo muertos informados, pero las medidas son sorprendentes: según reveló una fuente de la Procuración Penitenciaria a este diario, “no distribuyen lavandina ni alcohol”. Y, para colmo, las cárceles federales son el único lugar en el país donde el uso de barbijos (contraindicado en personas sanas) “es obligatorio en todos los casos de visitas de contacto entre internos y familiares”, según resolución de la Dirección del SPF.

–Imposible –respondió Leiro, el martes pasado, cuando Roberto Cipriano Reyes, coordinador del CCT, de la Comisión Provincial por la Memoria, la enteró con un informe de situación–. Imposible. Nosotros desde hace tiempo ya enviamos elementos de limpieza e higiene a todas las unidades.

–¿Quiere acompañarnos para verificarlo personalmente? –preguntó Cipriano.

–Quiero en mi despacho a Díaz –dijo por el comunicador la subsecretaria. Díaz es Fernando Díaz, el director del SPB, que se hamaca sobre la emergencia penitenciaria dictada en abril de 2004, vigente hasta desterrar la mugre antigua impregnada. El CCT se retiró sin que Díaz aportara ni que Leiro saliera de su despacho. De todos modos, dejaron el informe que en síntesis señalaba:

1) Nula limpieza de celdas y pabellones: todas las celdas y pabellones recorridos (2, 3, 4, 5, 8) estaban muy sucios, con mugre de mucho tiempo impregnada en casi todas las celdas (materia fecal, orina, restos de comida, etcétera).

2) Falta de colchones y frazadas. En algunos casos dormían sobre pedazos de colchón o restos de los mismos, sin mantas o bien sobre el camastro de cemento.

3) Falta total de calefacción.

4) Un litro de agua diaria por cada dos detenidos, para beber, higienizarse y utilizar el retrete, que no descarga agua por sí solo.

5) Incumplimiento de la resolución de la Cámara Penal que dictaminó que los detenidos no podían permanecer más de 72 horas en la unidad de traslado.

6) No se proveen barbijos a detenidos que fueron vistos con estado gripal, ni alcohol. Tampoco se provee de jabón y, como dijéramos, aunque se proveyera, no tienen agua en las celdas para utilizarlo.

7) Alimentación nula o deficiente a detenidos que se encuentran con defensas bajas y en estado de mayor vulnerabilidad.

“La combinación de todos los factores expuestos –recomienda el CCT– sin dudas provoca que esta Unidad sea un foco infeccioso que puede en cualquier momento producir un desastre sanitario con el contagio no sólo de detenidos sino también de guardias y personal que trabaja en la Unidad.” Para colmo, los integrantes del CCT comprobaron los mismos días de visita en la 29 que, pese a la acordada de la Suprema Corte que suspendía los traslados, “los camiones seguían llegando con cantidades de presos”. Ayer, Casal informó a la prensa lo que se había anticipado por escrito y por sentido común: “Han fallecido tres personas que tenían factores de alto riesgo por ser portadores de HIV, uno de ellos sí tenemos confirmado que falleció de A H1N1 (no mencionó que falleció en la U 23 de Florencio Varela), en los otros dos casos se hicieron los hisopados y se aguarda el resultado”. Casal, que intentó limar responsabilidad a desmedro del sida, no sabía que el HIV es un factor de altísimo riesgo para los afectados por gripe A. Como también la alimentación deficiente, la mugre adherida a las paredes y el resto de rubros detallados a su subsecretaria.

No demasiado lejos del distribuidor de virus de la 29 bonaerense, en el Complejo Federal de Ezeiza I no se informaron fallecimientos. De todos modos, Ariel Cejas Meliare, de la Procuración Penitenciaria, dijo a este diario que “no se entregan lavandina ni alcohol, ni elementos de higiene suficientes. Los internos lavan con agua”.

Pero el SPF tiene más para sorprender: mientras la presidenta Cristina Fernández y el ministro de Salud, Juan Manzur, recorren hospitales, sin barbijo para enseñar a la población su inutilidad en personas sanas, la resolución 1349 de la Dirección del SPF transforma a los 9500 presos de las cárceles federales en personas de trato especial: ordena el “uso obligatorio de barbijos, en todos los casos de visitas de contacto entre internos y familiares o allegados”.

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