El Policlínico 9 de Julio de la Obra Social Bancaria (OSBA) recibió ayer el tercer allanamiento en lo que va de la semana en busca de más documentación por la causa de los medicamentos falsificados que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide, que desea seguir al frente de la causa a pesar de ser recusado por Juan José Zanola, titular del gremio. Por su parte, el fiscal Luis Comparatore pidió que se cite a indagatoria al director médico del instituto, Jorge Fainstein.

El allanamiento comenzó cerca de las 15 y permitió encontrar libros con los expedientes de las historias clínicas de los pacientes, y la documentación de la farmacia, de donde también se capturaron medicamentos. Además, se hallaron expedientes “escondidos” en un altillo del segundo piso, destacaron fuentes policiales.

El tercer allanamiento de la semana al Policlínico se dio con una recusación hacia Oyarbide por parte de la defensa de Zanola. El juez adelantó que analizará “la viabilidad del pedido y lo atendible de esos argumentos” para ver si procede o no procede la recusación. Más allá de lo que se decida, la defensa de Zanola le reclamó al Consejo de la Magistratura que “imponga las medidas disciplinarias que correspondan” al magistrado por su participación “mediática” para evitar “daños irreparables”.

Por fuera de esa disputa, el juez de la causa reafirmó que quiere escuchar como virtual sospechoso a Héctor Capaccioli, entonces Secretario de Servicios de Salud (SSS).

Mientras el caso comienza a levantar temperatura y acumular pruebas, también extiende la lista de sospechosos. El fiscal Comparatore pidió llamar a indagatoria al supuesto encargado de la farmacia del Policlínico y al director médico de la OSBA, Jorge Fainstein, por las “gravísimas irregularidades”. Comparatore también insistió con el pedido de datos a la Unidad de Información Financiera (UIF) para establecer si los mencionados en la causa integraban fideicomisos, ante un supuesto lavado de dinero.

Por otra parte, el flamante interventor de la OSBA, Pablo Ferrara, adelantó ayer que no sólo avanzará sobre las oficinas administrativas sino que también lo hará en el área farmacéutica.

Además, el juzgado de la causa recibió una “acción de clase” por 2 millones de pesos contra el Estado Nacional como resarcimiento para la “gran cantidad de damnificados”.